«Los mutualistas hemos cumplido en tiempo y forma. Ahora es el Estado quien debe cumplir. Y debe hacerlo rápido, porque ya está llegando tarde y no hay tiempo que perder».
Así de claro y contundente se ha expresado Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), al inaugurar hoy la Jornada sobre la Previsión Social en la Abogacía.
La cuestión no admite más demoras: miles de abogados se enfrentan a pensiones de jubilación insuficientes mientras el legislador aún no actúa con la celeridad necesaria.
La proposición de ley registrada en el Congreso el pasado diciembre para modificar la Ley de Seguridad Social es el núcleo del debate.
González ha dejado claro que esta reforma es clave para estructurar una pasarela hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «El futuro de miles de profesionales depende de esta reforma. Es momento de ser críticos cuando sea necesario, pero también constructivos y propositivos en la búsqueda de soluciones efectivas y justas», ha afirmado.
La base de esas soluciones, según el presidente de la Abogacía, radica en el artículo 50 de la Constitución. «Los mutualistas alternativos merecen una jubilación digna en aplicación de los derechos constitucionales que les asisten como cotizantes de un sistema tutelado por el propio Estado», ha subrayado con firmeza.
UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN
«El problema es complejo, pero tiene solución. Especialmente cuando se reconocen cuatro verdades fundamentales: El sistema de previsión social de la abogacía es insuficiente, desigual y poco universal; la falta de regulación clara genera inseguridad jurídica y deja a los mutualistas en incertidumbre sobre sus derechos y prestaciones; el Estado tiene una responsabilidad constitucional ineludible en la protección social, incluyendo a los mutualistas; y todos los mutualistas, sin excepción, merecen una jubilación digna, amparada por los derechos constitucionales y tutelada por el propio Estado», ha añadido.
Durante la jornada, representantes de las plataformas de afectados, expertos académicos y jurídicos, y miembros de los principales grupos parlamentarios analizan las opciones más razonables para afrontar este problema.
El mensaje del presidente del CGAE es claro: el reloj avanza y el Estado debe cumplir. Miles de vidas están en juego, y garantizar una jubilación digna no es solo un deber legal, sino una cuestión de justicia social.
