El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará el próximo miércoles, día 29, ante el magistrado Ángel Hurtado por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos relativos al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que había confesado a través de su abogado la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo al fiscal para eludir la cárcel previo pago de 550.000 euros.
Tan solo un día antes, el martes, el alto tribunal estudiará si anula su renovación en el cargo a raíz del recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2022, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.
El caso de la filtración está revestido de una trascendencia política que va más allá de las responsabilidades penales y que podría llevarse por delante al fiscal general e incluso salpicar a La Moncloa, tal y como pide desde que el caso saltó a los medios de comunicación el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien también declaró como testigo.
La comparecencia llega después de que el magistrado Ángel Hurtado haya escuchado como testigos a destacados miembros de la Carrera Fiscal; al responsable de la investigación, el fiscal Julián Salto, que intercambió los correos que está en el centro de ese delito de revelación de secretos y a Miguel Ángel Rodríguez.
Además de recibir los informes forenses que ha reclamado a la UCO para conocer todos los mensajes intercambiados por Garcia Ortiz en los días aledaños la filtración.
La reveladora declaración de Almudena Lastra
Especialmente reveladora fue la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, del pasado día 16, quien relató la insistencia del fiscal general para que le remitiera los correos en los que Salto y el abogado del novio de Ayuso hablaban de un posible acuerdo de conformidad propuesto por la defensa del empresario.
En su momento, Miguel Ángel Rodriguez difundió en un chat de periodistas que había sido la fiscalía la que propuso el acuerdo a González Amador, algo que el fiscal general autorizo a desmentir a través de un comunicado de prensa que recogía frases textuales de los correos.
Lastra se mostró contraria a la publicación de esa nota de prensa y fue objeto de múltiples llamadas con el objeto de que la nota se publicara cuanto antes. Declaró en sede judicial que García Ortiz le llegó a decir que era “imperativo” sacar el comunicado: “Nos están dejando como mentirosos Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato, la actuación de los compañeros de la fiscalía es impecable y hay que ser neutral”.
En su declaración como testigo, Lastra también relató como fue la conversación que tuvo con García Ortiz, «Según cogí el teléfono, le dije Álvaro (el fiscal general) ¿has filtrado la nota? Me dijo: ‘Eso ahora no importa, tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa’», detalló Lastra.
Para el instructor, los numerosos mensajes, llamadas y ‘emails’ «solo se entienden en el contexto de una operación coordinada, propia de una labor de equipo, como, por lo demás, acabó definiéndolo la propia Pilar cuando hablaba del ‘equipo de Fortuny‘».
Quiere saber si el fiscal general fue el responsable de la filtración a la prensa
El Supremo, sin embargo, no ve delito en la difusión de esa nota e investiga la filtración del correo del 2 de febrero de la defensa de González Amador al fiscal del caso.
Quiere saber si el fiscal general García Ortiz fue el responsable de la filtración a la prensa. Varios periodistas han dicho al juez que tenían ese correo horas antes de que le llegara al fiscal general, pero el magistrado no les ha dado crédito.
Y para saber lo que compartió y lo que no compartió García Ortiz, el juez ha pedido dos análisis de los dispositivos móviles del fiscal general, que cambió de terminal cuando ya estaba siendo investigado por el Supremo y que asegura haber borrado los mensajes de esos día por protocolo de seguridad.
Su declaración irá en una dirección o en otra en función del resultado del análisis forense de su terminal móvil y de si los agentes de la Guardia Civil son capaces de recuperar los mensajes borrados.
