El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que desestime el recurso contencioso-administrativo que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovarle como jefe del Ministerio Público en diciembre de 2023, toda vez que considera que solo intenta «socavar» al Gobierno y tener «publicidad».
Así consta en el escrito de conclusiones que ha presentado su defensa de cara a la deliberación que tendrá lugar mañana martes, a las 10.30 horas, en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
En el documento, fechado a 21 de noviembre, su abogado afea a la APIF que intente «imputar al fiscal general actuaciones que no ha realizado nunca».
En este sentido, acusa a la asociación de basar su impugnación «única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva».
Al hilo, sostiene que «lo que se pretende al interponer el recurso» contra la renovación del fiscal general es «que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga ‘publicidad’ por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y ‘socavar’ al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo ‘indirecto».
Para la defensa de García Ortiz, es «evidente» que la APIF «no deja de verter de modo tendencioso motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo, con evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del fiscal general».
«Las afirmaciones que de modo gratuito se están utilizando en el escrito de conclusiones nos lleva a poder afirmar, sin ningún género de dudas, que este procedimiento es un claro ejemplo de lo regulado en el número 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial». Dicho apartado de la norma contempla que los jueces, así como los tribunales, «rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».
LA APIF ALEGA QUE NO ES «IDÓNEO» PARA EL CARGO
En el recurso que examinará este martes el Supremo, la APIF sostiene que García Ortiz «no es idóneo» para desempeñar «la jefatura de todos los fiscales de España» por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo.
En una nota de prensa, emitida el pasado febrero la asociación destaca el hecho de que el Supremo anulase –al apreciar «desviación de poder»– la decisión de García Ortiz de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.
La APIF también incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, García Ortiz decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.
Además, hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) exige que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que –para la APIF– «si bien podría haber concurrido» en García Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo» por «desviación de poder».
Por último, la asociación subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que «no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo».
Con todo, recuerda que en noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó que García Ortiz no era idóneo para el cargo.
La deliberación de este martes en el Supremo tendrá lugar un día antes de que el juez Ángel Hurtado le tome declaración como investigado a García Ortiz en la causa penal que abrió a raíz de la querella por presunta relevación de secretos que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
