La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su rechazo a la reforma que introduce el traslado forzoso de jueces y fiscales tras tres años de ascender a la categoría de magistrado o fiscal. La considera una medida «anacrónica» y «gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar», ya que no se aplica a ningún otro funcionario público en España.
Este sistema de movilidad obligatoria se eliminó en 2009, pero ha reaparecido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobada recientemente como anteproyecto por el Consejo de Ministros.
Además del impacto en la vida personal de los jueces, AJFV advierte de un riesgo mayor: la independencia judicial. Por ello, ha remitido sus alegaciones al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath, alertando de que la reforma podría permitir el nombramiento de jueces por «puerta de atrás», sin pasar por el sistema de oposiciones basado en igualdad, mérito y capacidad.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la posibilidad de que jueces sustitutos accedan a la carrera judicial sin cumplir los mismos requisitos que los jueces de oposición.
Según la AJFV, esto genera un trato desigual y afecta a la calidad del sistema judicial. Además, advierte que la medida supondría un agravio comparativo para miles de opositores que se preparan durante años para acceder a la judicatura.
«Esta vía de entrada no se corresponde en modo alguno con el nivel de exigencia y excelencia que ineludiblemente ha de ir anudado a quien pretenda ocupar una plaza en el escalafón judicial. Se pretende, así, tratar de manera injustificadamente desigual a quienes van a ocupar puestos de idéntica responsabilidad”, dice esta asociación de jueces.
Este sistema “excepcional” de acceso a la carrera judicial supone un agravio comparativo y un perjuicio directo para los miles de opositores en nuestro país y afecta además a la estructura de la carrera judicial porque, de prosperar, se reconocería una antigüedad ficticia frente a los jueces de ingreso regular por el turno libre.
Un sistema democrático basado en el mérito
El Gobierno justifica la reforma como una forma de democratizar el acceso a la judicatura. Sin embargo, la AJFV defiende que el actual sistema ya es democrático y meritocrático, pues permite que cualquier persona acceda a la carrera judicial mediante su esfuerzo y formación.
«Este sistema memorístico existe también en oposiciones como las de Notarias, Registradores de la Propiedad o Médico Interno Residente y, en el caso de la carrera judicial, continúa la formación en la Escuela Judicial».
Como prueba, la asociación aporta datos: desde 1996, el 66% de los jueces aprobados han sido mujeres, el 74,7% no tenía familiares en el sector jurídico y el 31,87% proviene de familias sin estudios superiores. Esto demuestra que la oposición garantiza un acceso basado en el mérito y no en privilegios.
La AJFV considera que esta reforma aunque incluye avances positivos, como la regulación del sistema de becas, en general refleja una profunda desconfianza del Ejecutivo hacia los jueces.
Para el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, este anteproyecto de ley remitido a las Cortes Generales a través del Grupo Socialista “viene a constatar la profunda desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo respecto de los jueces. Aunque hay luces en la reforma, como el régimen legal del sistema de becas, lo cierto es que son muchas las sombras que arroja esta ambiciosa reforma. AJFV se opone a la implementación de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad y entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y de fiscales interinos por no respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Frente a este trato privilegiado para los jueces sustitutos se quebranta el derecho a la conciliación de los jueces de carrera que ascienden a la categoría de magistrados con el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a la categoría de magistrado .
AJFV es la segunda asociación judicial más grande de España, con casi un millar de jueces en activo. Su oposición a esta reforma se basa en la defensa de un sistema judicial independiente, basado en el mérito y respetuoso con la conciliación familiar.