Las principales organizaciones empresariales y profesionales han unido fuerzas para exigir a la Administración Pública el fin de las notificaciones electrónicas fuera del horario laboral.
CEOE, CEPYME, ATA y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos han conformado un frente común contra una práctica que consideran asfixiante para empresas, autónomos y profesionales.
El promotor de esta iniciativa, Fernando Jesús Santiago Ollero,o presidente de los Gestores Administrativos, ha alertado del impacto que tienen estos avisos a deshoras sobre la actividad de sus asociados..
“Las notificaciones pueden llegar en cualquier momento: de madrugada, fines de semana o festivos, obligando a autónomos, empresarios y colaboradores sociales a estar disponibles 24/7. Esto vulnera su derecho a la desconexión digital y genera un estrés innecesario”, denunció ayer.
Una “jungla” burocrática que castiga a las empresas
El respaldo de CEOE y CEPYME ha sido contundente. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha destacado que los gestores administrativos son los que lidian directamente con esta problemática: “Nos hemos sumado a esta campaña porque la Administración habla de conciliación, pero se olvida de que las empresas y los profesionales también son personas”.
Por su parte, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha denunciado el descontrol de la burocracia administrativa. “Antes había un horario racional, ahora hay una jungla. Las administraciones han perdido el sentido de la medida y están imponiendo una carga insoportable a pymes y autónomos”, ha afirmado.
Representando a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor ha insistido en la falta de reciprocidad en el trato entre la Administración y los ciudadanos. “Cuando la Administración exige plazos, el incumplimiento tiene consecuencias inmediatas para el contribuyente. Sin embargo, cuando es el ciudadano el que reclama, se enfrenta a un muro de silencio administrativo”, ha criticado.
Un sistema que necesita reformas urgentes
Además del problema de las notificaciones, el encuentro también abordó el impacto de la reciente Ley de Reducción de Jornada en autónomos y pequeñas empresas. Empresarios y gestores administrativos han advertido que la medida se aprobó sin una consulta real a los sectores afectados, lo que podría traducirse en un coste adicional de 23.000 millones de euros para el tejido empresarial.
Fernando Jesús Ollero ha recordado que un autónomo pierde, de media, 12 días al año en trámites administrativos, y que España sigue siendo el único país europeo sin un IVA franquiciado para autónomos, lo que complica aún más su gestión fiscal.
La unanimidad se produjo en un evento que tuvo lugar en el diario La Razón y que moderó su director, Francisco Marhuenda, quien concluyó con un llamamiento unánime a la reforma administrativa.
Los agentes sociales exigen la implantación de un marco regulador que establezca horarios racionales para las notificaciones electrónicas, garantizando que la Administración no interfiera con el derecho de empresas y profesionales a la desconexión digital.
