El exmagistrado del Supremo y catedrático de derecho civil, criticó la falta de planificación estructural y la forma en que se ha abordado la crisis hasta ahora. Foto: Pau Llorca/Confilegal.
Javier Orduña propone destinar los 11.210 millones de la condonación de la deuda valenciana a prevenir futuras DANAs
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28/2/2025 05:35
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Actualizado: 28/2/2025 11:39
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El exmagistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil, Javier Orduña, planteó ayer que los 11.210 millones de euros condonados a la Comunidad Valenciana por el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se destinen únicamente a sanear sus cuentas, sino que sirvan para prevenir futuras catástrofes climáticas como la reciente DANA.
«Si realmente estamos hablando de la necesidad de que esto no vuelva a pasar y de evitar sus dramáticas consecuencias, la solución es clara: invertir en prevención y en infraestructuras que reduzcan los efectos devastadores de estos fenómenos», sostuvo Orduña durante su intervención en la mesa redonda titulada «Retos y Soluciones para la Indemnización Total a Propósito de la DANA de Valencia», del Foro de Expertos Confilegal que tuvo lugar ayer en la capital del Turia moderado por Carlos Berbell, director de este medio.
Junto a Orduña intervinieron el socio director de Blanco Asociados y Abogados, Fernando Blanco y Jesús Sánchez Sánchez, presidente de la asociación Jurislex.
El exmagistrado subrayó que la tragedia provocada por la DANA no se debió solo a la magnitud del fenómeno meteorológico, sino también a la falta de infraestructuras adecuadas y a la inacción de las administraciones a lo largo de los años.
“Aquí hay que recordarle a toda la gente que el principal factor causante de las muertes ha sido el desbordamiento del Barranco del Poyo. Si las obras de canalización y prevención que se proyectaron hace más de 20 años se hubieran ejecutado, no estaríamos lamentando una catástrofe de esta magnitud”, explicó.
Para Orduña, la solución pasa por la ejecución de proyectos largamente pospuestos, como la construcción de un nuevo cauce de alivio, infraestructuras hidráulicas eficientes y un mejor sistema de alerta temprana. Y la inversión de esos 11.210 millones de euros en esta tarea sería lo más apropiado.
“No podemos seguir dependiendo de decisiones improvisadas y ayudas insuficientes después de cada desastre. Lo que realmente garantiza la seguridad de las personas no es la caridad política, sino infraestructuras sólidas y planificadas”, insistió.
Además, criticó la falta de planificación estructural en la gestión de riesgos climáticos y la forma en que se ha abordado la crisis hasta ahora.
“El problema no es solo que haya daños, sino que puedan volver a repetirse. No basta con indemnizar a las víctimas, hay que evitar que haya más en el futuro”, señaló.
Orduña también propuso la incorporación de la cláusula «rebus sic stantibus» en la legislación española, una norma que permitiría ajustar contratos debido a cambios significativos en las circunstancias.
Esta cláusula, ya presente en varios ordenamientos jurídicos europeos, proporcionaría un mecanismo legal para reequilibrar los contratos afectados por circunstancias imprevistas, ofreciendo protección adicional a pequeñas y medianas empresas en tiempos de crisis.
El catedrático Orduña cerró su intervención enfatizando la necesidad de una acción legislativa que aborde tanto las reformas en políticas de seguros como mejoras estructurales para enfrentar los retos de las catástrofes naturales, asegurando así un enfoque más resiliente y justo para toda la sociedad.
Por otra parte, el presidente de la asociación Jurislex, Jesús Sánchez Sánchez, criticó con rigor la gestión administrativa en casos de catástrofes y resaltó la importancia de la responsabilidad administrativa.
Con más de dos décadas dedicadas a promover acciones colectivas en Derecho Administrativo, Sánchez aportó una perspectiva aguda sobre las deficiencias en la respuesta gubernamental ante emergencias mayores.
Sánchez proporcionó una visión detallada de la magnitud del problema al discutir cifras alarmantes: «Estamos hablando de poblaciones de un millón de personas, con pérdidas de 17.000 millones de euros, de los cuales solo se han indemnizado 2.000 millones mediante el consorcio, quedando un déficit de 15 mil millones de euros». Esta situación plantea un dilema crucial sobre quién se hará cargo de las pérdidas restantes en ausencia de coberturas de seguro adecuadas.
El experto también cuestionó la efectividad de las alertas durante las catástrofes. Según Sánchez, la legislación atribuye a ciertas autoridades la responsabilidad de formular y transmitir mensajes claros sobre las amenazas inminentes. «La Generalitat Valenciana, por ejemplo, tenía que transmitir el mensaje y no lo hizo porque simplemente no hubo un mensaje adecuado», explicó.
Esta falla en la comunicación, en su opinión, contribuyó significativamente a la gravedad del impacto de las catástrofes.
Sánchez añadió un punto crítico sobre la responsabilidad legislativa y urbanística, argumentando que las leyes y regulaciones urbanísticas deben exigir estudios que aseguren que las zonas no son inundables antes de permitir desarrollos.
«No es cuestión del Estado legislador sino de quienes han aprobado los documentos urbanísticos que no han exigido lo que la ley establece», explicó Sánchez, quien destacó la necesidad de abordar estas omisiones para prevenir futuras catástrofes.
Centrándose en la responsabilidad administrativa, Sánchez describió sus componentes esenciales: ilegalidad, nexos, soportado y no estar obligado a soportarlo, y subrayó que la ilegalidad es el aspecto más grave observado.
El presidente de la asociación Iurilex, también criticó a las administraciones implicadas, señalando que «cometieron ilegalidades en la gestión de la crisis, específicamente en las horas críticas del evento».
Además, ilustró las deficiencias en las predicciones de la AEMET, donde se subestimaron las cantidades de lluvia de manera dramática, lo que puso en evidencia una falta de preparación y respuesta adecuada.
Sánchez habló también sobre el desafío de tramitar las reclamaciones masivas en los tribunales. «¿Cómo se van a tramitar 240,000 reclamaciones? Esto en los juzgados es prácticamente imposible», señaló, sugiriendo que la única forma de manejar esta situación es a través de identificar y procesar la responsabilidad objetiva en casos selectos que puedan ser aplicables a otros similares.
Finalmente, al abordar las acciones futuras, Sánchez indicó que Iurilex está preparando demandas colectivas que buscan abordar las responsabilidades observadas. «Estamos en contacto con expertos internacionales para preparar informes detallados que ayuden a fortalecer nuestras demandas, entendiendo que la lucha será ardua pero necesaria para establecer un precedente de responsabilidad y prevención», concluyó.
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