La asociación Dignidad y Justicia ha expresado su profunda indignación por la postura adoptada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, quien ha solicitado el archivo de la causa contra los jefes de ETA en el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La asociación denuncia que esta decisión contradice la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales del Supremo, ya que 13 de sus 16 miembros han defendido la necesidad de continuar con el procedimiento judicial.
Para Dignidad y Justicia, esta decisión no responde a criterios jurídicos sino a intereses políticos. “Es un recurso flojísimo, que solo demuestra su sumisión a los intereses del Gobierno, el cual se encuentra secuestrado por Bildu”, afirman.
La asociación sostiene que con esta maniobra se pretende proteger a los responsables de la organización terrorista en lugar de defender a sus víctimas, lo que supone un nuevo golpe a la lucha contra el terrorismo en España.
Además, critican que Sánchez Conde respalda la postura del fiscal Carlos García Berro, quien en la Audiencia Nacional ya había defendido el archivo de la causa.
“No es casualidad”, denuncian, señalando que este fiscal ha manifestado en redes sociales posiciones abiertamente cercanas a la ultraizquierda, lo que, en su opinión, pone en duda su imparcialidad.
Para la asociación, esta actuación es una prueba más de que la independencia judicial en España está en riesgo. “No vivimos en un Estado de Derecho, sino en un Estado de Vergüenza”, afirman con rotundidad.
Acusan al Ejecutivo de colocar a personas afines en instituciones que deberían ser neutrales, con el objetivo de controlar la justicia y garantizar que sus socios políticos sigan sosteniéndolo en el poder.
Dignidad y Justicia insiste en que los jefes de ETA imputados en el caso son figuras clave para Bildu, que, según la asociación, ha presionado directamente a Pedro Sánchez para evitar que el procedimiento siga adelante.
La organización concluye con una advertencia: “No se puede permitir que las víctimas del terrorismo sean traicionadas por quienes deberían defenderlas. La Justicia no puede ser moneda de cambio en los acuerdos políticos”.
