Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y vocal en el Consejo Fiscal, destaca que «la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene competencia alguna para decirle a ningún fiscal lo que ha de hacer».
Sin embargo, denuncia que «al menos en el caso Miguel Ángel Blanco y en el caso Stampa, la Secretaría Técnica se excedió» y quiere que «no vuelva a ocurrir».
Por ello, ha remitido un escrito a la fiscal jefe de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre las facultades que se atribuye la Secretaría Técnica para intervenir de forma directa en asuntos concretos.
Viada solicita que se estudie este tema en el próximo Consejo Fiscal, que se celebrará a final de mes, «a la luz de las actuaciones de la Secretaría Técnica».
En los citados casos, el actual jefe de la Secretaría Técnica era el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien tomará posesión de su cargo el próximo lunes. Puesto al que llegó en 2020 y desde el que ejerció de persona de máxima confianza de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado.
Al presidente de la APIF le preocupa la interpretación que se hace del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «en tanto que es garantía del criterio profesional de los fiscales, así como de una correcta interpretación del principio de jerarquía».
Dicho artículo dispone, entre otras cosas, que los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del fiscal general los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer.
TRES OCASIONES
Viada indica en su escrito que, a pesar de lo que dice este artículo, al menos en tres ocasiones en los últimos tiempos un fiscal jefe procedió a comunicar una causa de importancia a la exfiscal general del Estado y que la comunicación tuvo lugar a través de la Secretaría Técnica.
Según explica, la primera fue con ocasión de las Diligencias de Investigación 32/2020 de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se produjo el 5 de octubre de 2020. Recuerda que fue recibida y contestada por escrito por el entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.
Se trataba del conocido ‘caso Stampa’ -por el fiscal al que se investigaba, Ignacio Stampa-, y Viada manifiesta que entonces García Ortiz hizo llegar «ciertas sugerencias al instructor de las Diligencias».
La segunda, según relata, «en las mismas Diligencias de Investigación, el 23 de octubre de 2020, recibida, asimismo, y contestada por el mismo fiscal jefe de la Secretaria Técnica, sin rastro documental de la intervención de la fiscal general del Estado, destinataria de la comunicación, que al parecer negó (según se hizo público en los medios) haber tenido ninguna intervención en esas Diligencias».
La tercera ocasión dice que fue el pasado 20 de julio, cuando el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se comunicó con la entonces fiscal general. Y destaca que una vez más la respuesta a «una cuestión jurídica de indudable trascendencia y complejidad» llegó desde la Secretaría Técnica.
GARANTÍAS DE IMPARCIALIDAD
Por eso, y en aras de mantener las «garantías de imparcialidad» de los fiscales, Salvador Viada quiere trasladar al Consejo Fiscal la importancia de que el fiscal general no sea sustituido «por quien aparentemente carece de todo título y legitimación para actuar por su propia iniciativa» como es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica.
Viada advierte que «estos hábitos son preocupantes y no ayudan a generar confianza en la institución». «Si hay que restablecer esa confianza, hagámoslo con transparencia, aclarando y cambiando en su caso ciertos hábitos», subraya.
Para ello, el presidente de la APIF solicita aclaración en el próximo Pleno del Consejo Fiscal «del título jurídico que por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica en cada caso de los referidos en este escrito se ostenta para asumir la responsabilidad de destinatario de las comunicaciones de asuntos de importancia especial que realizan los fiscales al amparo del artículo 25 del EOMF».
