Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán (i), en una imagen de archivo.foto: EP
Anticorrupción del caso ERE «siguiendo las instrucciones recibidas» de la Fiscalía desaconseja ahora acudir al TJUE
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02/4/2025 17:30
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Actualizado: 02/4/2025 17:30
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Los fiscales Anticorrupción del caso ERE se oponen a que la Audiencia Provincial de Sevilla plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) frente a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el mayor caso de corrupción de la historia de España.
En el escrito de doce páginas presentado ante la Sección Primera por los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada trasladan que en este caso puede resolver sus dudas conforme al derecho interno y que la corte española de garantías, que preside Cándido Conde-Pumpido «no se ha extralimitado al anular una resolución judicial».
Este pronunciamiento de la Fiscalía se produce después de que la Audiencia sevillana cuestionara en una providencia que el amparo concedido por la corte española de garantías (TC) a condenados del caso ERE como los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea.
«siguiendo la instrucciones recibidas»
Eso sí, los representantes de Ministerio Público en Sevilla dejan claro que lo hacen «siguiendo la instrucciones recibidas» de acuerdo a una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre la intervención del fiscal en las cuestiones prejudiciales europeas.
Anteriormente, estos mismos los fiscales del caso ERE, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, remitieron un informe interno a la Fiscalía del Alto Tribunal donde se mostraban a favor de que elevar por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Consideraban que las sentencias del Tribunal Constitucional podían haber vulnerado el derecho de la Unión Europea y la doctrina del TJUE sobre la protección de fondos públicos, al vaciar de contenido el delito de malversación cometido por los Gobiernos socialistas en Andalucía.
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