El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el Pleno que comenzará el próximo 8 de abril el «debate jurídico» sobre la actuación de la Audiencia Provincial de Sevilla tras anunciar este órgano que prevé llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el fallo que anulara las sentencias del «caso ERE«
Este asunto, figura en el orden del día del Pleno del 8 de abril: «planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución», cuyos ponentes serán los magistrados Ricardo Enriquez e Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC.
El propio Cándido Conde-Pumpido, aseguraba recientemente a Confilegal que «La novedosa concepción de la cuestión prejudicial ante el TJUE como un recurso secundario que puede utilizarse con carácter generalizado en la ejecución de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores en vía de recurso, con paralización de la ejecución, es una cuestión que debe ser objeto de reflexión jurídica por nuestra parte”.
Se espera que el TC, junto a la discusión sobre el caso de los ERE de Andalucía, el Pleno también abordará la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que planteó hace unos días una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un asunto relacionado con un laudo arbitral donde se encontraba implicada la empresa Cabify.
Según el citado orden del día se abordará la «Relación con el deber de velar por el cumplimiento efectivo de nuestras resoluciones establecido en el art. 92.1 de la LOTC. Efectos sobre el sistema interno de recursos jurisdiccionales».
Pumpido ha manifestaba a este medio que la reflexión propuesta se enmarca en el ámbito institucional, no en la resolución de casos concretos, y tiene como objetivo analizar sus implicaciones sistémicas: “El planteamiento de esta reflexión, que he manifestado que debe realizarse por el Pleno, previos los informes y estudios necesarios, y en todo caso para obtener conclusiones consensuadas, va más allá de los casos concretos que han suscitado el conflicto”.
Conviene recordar que una mayoría de magistrados del Constitucional consideran que la doctrina del TJUE a este respecto es «clarísima» y ampara a cualquier juez español que quiera elevar una cuestión prejudicial.
