El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha propuesto al Pleno del alto tribunal que haga una reflexión jurídica en profundidad sobre el uso emergente de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como un instrumento para suspender la ejecución de sentencias firmes dictadas por tribunales superiores nacionales.
Conde-Pumpido recuerda que esta interacción entre jurisdicciones se ha planteado ya en otros países miembros de la UE. Y señala los casos de los Tribunales Constitucionales de Italia y Alemania, que han abierto vías de diálogo con el TJUE cuando sus resoluciones podían entrar en conflicto con el marco constitucional nacional.
«La novedosa concepción de la cuestión prejudicial ante el TJUE como un recurso secundario que puede utilizarse con carácter generalizado en la ejecución de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores en vía de recurso, con paralización de la ejecución, es una cuestión que debe ser objeto de reflexión jurídica por nuestra parte”, ha explicado Conde-Pumpido por escrito a Confilegal.
Según el presidente, este uso de la cuestión prejudicial no tiene precedentes en nuestro ordenamiento jurídico interno, ni en el ámbito del Tribunal Constitucional ni en otros órganos superiores de la jurisdicción ordinaria: “No se había suscitado hasta la fecha en ninguna ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, ni tampoco de otros Tribunales superiores de la jurisdicción ordinaria, y puede afectar a la efectividad de todo el sistema de recursos en nuestro ordenamiento jurídico”.
La reflexión propuesta, ha argumentado, se enmarca en el ámbito institucional, no en la resolución de casos concretos, y tiene como objetivo analizar sus implicaciones sistémicas: “El planteamiento de esta reflexión, que he manifestado que debe realizarse por el Pleno, previos los informes y estudios necesarios, y en todo caso para obtener conclusiones consensuadas, va más allá de los casos concretos que han suscitado el conflicto”.
Asimismo, ha dejado claro que esta reflexión no implica necesariamente la adopción de medidas internas, sino que se sitúa dentro del contexto del diálogo entre tribunales europeos: “No se traduce, en absoluto, en la intención de adoptar necesariamente alguna medida específica en el ámbito interno, sino que se encuadra en el terreno más amplio del diálogo entre Tribunales”.
Esta iniciativa del presidente del TC ha generado una gran controversia. Se ha argumentado, en contra, que el fin último de la misma es impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla, la cual dictó la sentencia de los ERE –parcialmente revocada por el Constitucional–, pueda elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre este caso.
