Opinión | Infamias, asquerosidades y otras lindezas

Martes, 1 de abril de 2025. No habíamos acabado de digerir el episodio de la Vicepresidenta del Gobierno y su estrambótico discurso contra la presunción de inocencia, cuando el diputado Javier Sánchez Serna, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso de los Diputados, se refirió a la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el llamado “Caso Alves”, en los siguientes términos: “Es absolutamente infame y asquerosa, y quien ha puesto esa sentencia también lo es”.

Es decir, el mismo día en que el CGPJ había emitido una declaración instando a los políticos a “preservar la confianza en las instituciones”, y sólo un día después de que todas las asociaciones de jueces y fiscales hiciesen un “llamado a la responsabilidad institucional” en las manifestaciones públicas, un diputado del Congreso, en la sede parlamentaria, insultó a 4 miembros del poder judicial (3 magistradas y 1 magistrado), por haber dictado una sentencia, en su opinión, injusta. Una vez más, las peticiones de templanza han servido de poco.

Se podría detallar la trayectoria de los aludidos para evidenciar lo absurdo del comentario de Sánchez Serna, pero no hace falta. Quien cae en el insulto se autodescalifica solo.

Es importante precisar que cuando las asociaciones judiciales (en este caso, todas) deciden responder a las manifestaciones hechas por un político sobre un auto o sentencia, no lo hacen por el afán de proteger al juez aludido (o, al menos, no sólo por eso), sino más bien para cumplir su fin esencial de defender los principios de independencia judicial y el Estado de Derecho.

Es decir, actúan en defensa de los intereses de todos.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO ES UN PRIVILEGIO DE LOS JUECES

No nos cansamos de repetir que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino garantía de los derechos de los ciudadanos.

No es cierto que estemos ante una pugna entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en la que uno se haya de imponer a los otros, pues todos son imprescindibles en democracia.

Y los jueces, cuando dictamos sentencias, resolvemos casos concretos, no lo hacemos fijándonos en los políticos.

Cualquier injerencia entre poderes puede romper el equilibrio y el juego de contrapesos sobre el que se estructura el sistema.

Lo contrario a la separación de poderes es la concentración de poder, o el poder absoluto. Cuando los miembros de un poder intentan domeñar a otro, se abre un escenario favorable a la corrupción y al abuso.

Si un político recurre al insulto como forma de crítica a una sentencia, es obvio que pretende señalar públicamente cuál es el único pronunciamiento que a su entender se ha de dictar, pretendiendo que los jueces se sometan a sus indicaciones.

Con ello, se puede poner en peligro la confianza que los ciudadanos tengan en el poder judicial, que es quien ha de garantizar sus derechos y controlar al resto de poderes.

LAS CRÍTICAS SON LEGÍTIMAS, PERO CON FUNDAMENTO

Es legítimo criticar las resoluciones judiciales, y expresar el desacuerdo con su contenido. El problema es que muchas veces no es fácil hacerlo de manera fundada.

En el caso de Dani Alves, la condena o la absolución dependerá de la valoración que se haga de las pruebas, y son pocas las personas que han tenido acceso directo a las mismas.

Casi todos tendremos una opinión del caso en función de las ideas preconcebidas hechas a partir de la información que los medios de comunicación nos han trasladado.

Por eso en este caso apenas hemos oído argumentos razonables de quienes públicamente han cuestionado la sentencia.

El lamento tantas veces expresado de que la absolución de Dani Alves desincentivará a futuras víctimas a denunciar conductas de agresión sexual es una observación bienintencionada y quizá cierta, pero no es un motivo válido para criticar la resolución.

A Dani Alves se le ha de condenar o absolver por las pruebas que se hayan practicado, no de modo ejemplarizante para animar a futuras víctimas a denunciar.

Sostener tal cosa sería caer en el mismo desatino que el de la Vicepresidenta del Gobierno cuestionando la presunción de inocencia.

ALGUNOS CAEN EN EL INSULTO Y LA DESCALIFICACIÓN GRATUITA: NO ES ACEPTABLE

Quizá por ello algunos caen en la tentación de recurrir al insulto y la descalificación gratuita como modo de crítica. Y el grado de virulencia en las andanadas verbales contra los jueces cada vez es mayor.

Lo cual es especialmente alarmante si las expresiones injuriosas provienen de un diputado del Congreso, representante de la soberanía nacional, es decir, de todos los ciudadanos, también de aquéllos a los que ha insultado.

Los jueces de este país ejercemos nuestra actividad en unas inaceptables condiciones de sobrecarga de trabajo (por cierto, las que los poderes legislativo y ejecutivo nos proporcionan) y de riesgo para la salud laboral.

Nuestras resoluciones, acertadas o no, se dictan de manera argumentada, y el contenido siempre es revisable mediante el sistema de recursos.

El acceso a la carrera por turno libre incluye un duro examen de oposición y una fase teórico-práctica de formación y selección, de unos dos años de duración, dependiente de la Escuela Judicial. Nuestro régimen de incompatibilidades es especialmente estricto, y somos el colectivo dentro de la función pública más sometido al ejercicio de la acción disciplinaria.

ALGUNAS DESCALIFICACIONES SON DELIRANTES

¿Por qué incurrir, sin más, en la descalificación, cuando una sentencia no gusta? Acudir al tópico de que cualquier absolución en un juicio por agresión sexual se debe a que existen “ultraderechistas y machistas con toga que están desde hace tiempo en una batalla abierta contra los avances feministas de la última década”, como Sánchez Serna afirmó, es sencillamente delirante.

Tiene razón el diputado cuando afirma que el feminismo ha experimentado un importante avance en los últimos años.

A todos nos gustaría que ese progreso fuese más rápido, pero cambiar la mentalidad de una sociedad no es labor de un día. Hacen falta pedagogía y educación a todos los niveles.

Y mucha labor callada, como la que los jueces de violencia contra la mujer desarrollan cada día. La verdadera igualdad no se alcanzará insultando a quien hace algo que consideramos equivocado.

Quien está haciendo estos días un flaco favor al feminismo son, sobre todo, ciertos políticos como Sánchez Serna.

Pero, ¿por qué tanta cólera desatada, cuando ya habían pasado 4 días desde que se hiciese pública la sentencia?

NO SON FRUTO DE LA RABIA O LA OFUSCACIÓN, HAY UNA INTENCIONALIDAD ESTUDIADA

No nos equivoquemos, el desbarre no es fruto de la rabia u ofuscación, sino que obedece a una intencionalidad estudiada. Parece haberse instalado el mantra de que atacar jueces está de moda y no pasa factura, pero hay algo más.

El propio Sánchez Serna lo apuntó en la misma comparecencia, como aprovechando que por Valladolid pasa el Pisuerga, al decir que las soluciones se deben plantear desde la propia carrera judicial.

A mi entender, ello evidencia el riesgo del que hace tiempo algunos venimos advirtiendo, sobre el posible interés del poder político en controlar los procesos de selección de jueces, y garantizar que quien entra en la carrera judicial responde a un determinado patrón o sesgo ideológico.

Y esto sí supondría un retroceso de décadas. Una razón esencial por la que existe el CGPJ es, precisamente, la de evitar el control por cualquiera de los poderes en el nombramiento de los jueces, mediante métodos objetivos en los procedimientos de acceso.

¿Qué propone exactamente Sánchez Serna?

No lo explicó, pero en el llamado Anteproyecto para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, impulsado por el Gobierno y actualmente en trámite, se apuntan reformas preocupantes.

La concesión de becas públicas se atribuiría a un órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, encargado también de la formación de futuros opositores, vinculando una cosa a la otra.

El dictamen escrito que se pretende introducir con calzador en la oposición, a pesar de la fase posterior de prácticas dependiente de la Escuela Judicial, en lugar de la actual prueba de Derecho procesal, mercantil, laboral y administrativo (qué disparate), abriría la puerta a introducir criterios de calificación subjetivos.

Y ello por no hablar del proceso de estabilización de jueces sustitutos, o del fortalecimiento del cuarto turno, o de la desincentivación del turno libre haciendo que los jueces de oposición ingresen en la carrera en expectativa de destino (una inconstitucionalidad flagrante, diría yo) y estén obligados a un traslado forzoso por ascenso.

Si un reproche general cabe hacer al conjunto de la carrera judicial es su letargo ante las difíciles condiciones de trabajo en que desarrolla su función, y ante los intentos de politización de que es objeto. Pero admitir directrices sobre el sentido de sus resoluciones, nunca.

Y soportar insultos, que en el fondo sólo buscan crear un caldo de cultivo favorable para determinados proyectos, aún menos.

Tal vez ya es hora de que la carrera judicial alce la voz ante tanto despropósito. Siquiera por respeto a los ciudadanos a los que nos debemos.

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