La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha renovado su Comisión Gestora en el XXI Congreso que ha llegado a su fin hoy en Albacete, dando entrada a nuevos miembros y eligiendo a un nuevo presidente: Roberto García Ceniceros, magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, quien toma el relevo de Fernando Portillo, tras cumplir dos mandatos.
Junto García Ceniceros han sido designados vocales Carmen Cano (Gabinete Técnico del Tribunal Supremo), María Celorrio Calvo (titular del Juzgado de Menores 1 de Huesca), Amparo Salom Lucas (Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent) y Álvaro Vacas Chalfoun (Juzgados mercantil de Barcelona).
Continúan en esa función en la Gestora, Alejandro Vega (social de Sevilla) y Aarón Andueza Jiménez (mixto con violencia de Melilla), quedando así constituida la nueva gestora.
El XXI Congreso de Foro Judicial Independiente (FJI) ha concluido con un duro diagnóstico sobre la situación de la Justicia en España y con una batería de reivindicaciones dirigidas al Gobierno.
La asociación profesional ha acordado activar medidas de conflicto colectivo —incluida la huelga— si el Ejecutivo continúa impulsando las reformas legislativas que afectan al acceso a la carrera judicial y fiscal, a la estabilización de jueces sustitutos y al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
FJI considera “inadmisible” que los proyectos en tramitación permitan el acceso de jueces sustitutos a la carrera judicial fuera de los cauces vigentes —oposición por turno libre y cuarto turno— y advierte de que la reforma vulnera los principios de mérito y capacidad.
La asociación sostiene que la estabilización de más de un millar de sustitutos supone “un atajo inconstitucional” y compromete la independencia judicial.
Petición de dimisión de Félix Bolaños
En una de las resoluciones más contundentes, el Congreso reclama la dimisión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien responsabiliza de una “cadena de decisiones políticas lesivas para el Poder Judicial”.
FJI justifica esta exigencia en seis puntos:
Primero, la implantación de los tribunales de instancia sin consenso judicial ni dotación presupuestaria, lo que —alertan— agravará el colapso de una justicia “ya maltrecha”.
Segundo, el impulso de reformas legislativas que, según la asociación, facilitan el control del Ministerio Fiscal por parte del Ejecutivo y limitan la acción popular y la libertad de expresión de los jueces.
Tercero, su responsabilidad política en la huelga de jueces y fiscales del 1 al 3 de julio, la primera de varios días en la historia de ambas carreras.
Cuarto, la “desinformación” atribuida al ministro en torno a la huelga, al último informe de la Comisión de Venecia y a la supuesta exigencia europea de convertir a los sustitutos en jueces de carrera.
Quinto, el incumplimiento parcial de los pactos del 23 de mayo de 2023, que desconvocaron un conflicto laboral anterior.
Y sexto, las manifestaciones públicas que, según FJI, ponen en duda la imparcialidad de los jueces en causas que afectan al entorno del Gobierno.
Exigencia de un nuevo modelo para el CGPJ
La asociación reclama una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los jueces, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
FJI reivindica un sistema representativo que, junto con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), defiende desde hace años frente a la “ingerencia política” que —afirman— introducen los partidos a través de las asociaciones.
Carga de trabajo, violencia de género y MASC
El Congreso denuncia también la sobrecarga de los juzgados de violencia sobre la mujer, que han asumido nuevas competencias sin refuerzo de medios, y califica de “falaces” las declaraciones del Gobierno que minimizan el impacto de ese incremento.
FJI expresa además su rechazo al diseño del sistema de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) introducido por la LO 1/2025.
Según la asociación, el modelo genera inseguridad jurídica, impone obligaciones procesales ineficaces y dificulta el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
En contra de la instrucción por los fiscales
La asociación de jueces reitera su oposición a transferir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, advirtiendo del riesgo de interferencias políticas en investigaciones de corrupción si los fiscales instructores dependen jerárquicamente del Fiscal General del Estado.
Nombramientos discrecionales y modelo productivista
FJI ha vuelto a criticar los nombramientos discrecionales del CGPJ, que califica de “reparto en bloque” entre sensibilidades del Consejo, y defendió que las plazas se cubran mediante procedimientos objetivos, en línea con el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial y las exigencias europeas.
Asimismo, rechaza el “modelo productivista” basado en incentivos económicos ligados al número de resoluciones, por considerar que degrada la calidad de la Justicia, compromete la salud laboral de los jueces y afecta a la tutela judicial efectiva. La asociación insta al CGPJ a fijar de manera inmediata la carga de trabajo judicial a efectos preventivos.
Críticas a los ataques políticos al Poder Judicial
El Congreso ha concluido con un mensaje de “absoluto rechazo” a las declaraciones de responsables políticos que ponen en cuestión la labor de los jueces en casos de corrupción. FJI advierte de que este tipo de mensajes mina la confianza en el poder judicial —esencial para su función de contrapeso institucional— y contribuye a una creciente judicialización del conflicto político, que la asociación considera igualmente perjudicial.
