Verónica Santa (moderadora); Pilar Astray, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Benjamín Sánchez Fernández, de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) y Roberto García Ceniceros, del Foro Judicial Independiente (FIJ), durante el Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid.
La mayoría de las asociaciones judiciales coinciden en que «sí existe» un problema de independencia judicial
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25/2/2025 14:44
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Actualizado: 25/2/2025 15:52
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Representantes de las cuatro asociaciones judiciales han debatido esta mañana en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre los diferentes factores que podrían poner en riesgo la independencia del poder judicial. La mayoría de las asociaciones coinciden en que sí existe un problema de independencia judicial en España.
Pilar Astray Chacón, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha destacado que los «las juezas y jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones y hay que resaltarlo porque parece que hay sombra de duda sobre el particular». Aunque ha remarcado que existe «un problema sobre apariencia y legitimidad que se contagia por el sistema de elección de los vocales del CGPJ».
Y ha subrayado que en estos momentos no se han hecho avances para reforzar los estándares de independencia» y, además, existen algunas amenazas «como algunas de las reformas legislativas que tenemos en marcha».
Por su parte, Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha coincidido con Pilar en que los jueces son independientes, aunque ha querido dejar claro que «hay un proceso «de deslegitimación de lo que significan los jueces y el Poder Judicial. Y esta deriva deslegitimadora del Poder Judicial no es nueva».
Oliva ha resalto que en nuestro país, en los últimos años «ha habido señalamientos públicos a jueces, ha habido determinados poderes del Estado que no han criticado razonablemente las resoluciones judiciales, como sería menester, sino criticando a la persona en sí». Algo que, en su opinión, ha creado una atmósfera que va horadando, poco a poco, en la mentalidad de la ciudadanía y duda de la confianza necesaria que tiene que tener en sus jueces».
A todo ello se suma un «proceso legislativo» que intenta socavar la independencia judicial. Ahí están los procesos que intentan modificar la acusación popular, los proyectos que intentan reformar el acceso a las oposiciones, la limitación de las asociaciones judiciales en defensa de los intereses de los jueces y la ley de eficiencia del servicio público, «que convierte al juez en un funcionario». Y ha recordado que los jueces «somos un poder del Estado».
Benjamín Sánchez, en representación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha indicado, en contra del resto de sus compañeros, «En España no ha problema de independencia judicial, España no es Polonia, ni Hungría». Yo no creo que exista un problema de deslegitimación, lo que creo es que hay mucho ruido».
El portavoz de JJpD se mostró crítico con estos cuestionamientos y exigió más rigor. “Habrá que esperar la tramitación y si se llega a aprobar porque es un anteproyecto”.
Igualmente, puso el foco en el posicionamiento de algunos magistrados y aludió a un discurso del Luis María Díez-Picazo: “La separación entre Administración de Justicia y política no exige solo que el poder político no interfiera en la función judicial, sino también que el juez asuma que no es un actor político y se comporte en consecuencia”.
Roberto García Ceniceros, vicepresidente de Foro Judicial Independiente (FJI), ha resaltado que «sí, hay un problema de independencia judicial en España». Y ha recordado que los jueces y magistrados trabajan bien en España, pero ha querido matizar que la independencia judicial es mucho más.
«La independencia judicial supone que no exista ningún tipo de injerencia por parte del resto de poderes respecto de la función judicial. Y aquí, yo creo, que tenemos muchos deberes pendientes por hacer».
Pero también hizo autocrítica: “Tendremos que hacer un examen de conciencia por miembros de la carrera que asumimos como normales ciertos pronunciamientos”, reflexionó.
luces y las sombras de la reforma judicial
Aquí sí que han coincidido todos. Desde la APM, Pilar Astray sostiene que «nuestra postura es de total rechazo a todo su articulado». En primer lugar rechazan «el aumento de la injerencia política en la designación de los miembros del Comité de Ética Judicial».
También se han mostrado muy críticos el cambio propuesto para el sistema de acceso, «no se justifica el modelo que se ha presentado». E indican que «tampoco se justifica la reforma del Cuarto Turno, a no ser que queramos disminuir el nivel», algo a lo que se suma «un Cuarto Turno solapado, que se justifica con la pretendida estabilización de los jueces sustitutos».
Para Sergio Oliva, de la AJFV, «ignorar que ya con la lectura de exposición de motivos lo que se pretende es engañar a la sociedad dibujando un tipo de juez que no existe» es un síntoma. Y, en este sentido ha recordado una serie de datos, sobre la composición de la carrera judicial. Edad media, 52 años, (nada de jueces franquistas, eran bebés cuando murió el dictador), el 57% son mujeres (no creo que sean machistas), y ha dicho que donde impera la discrecionalidad, las mujeres son afectadas, para ello ha puesto el ejemplo del Tribunal Supremo, donde hay un 22% de mujeres».
Además, solo el 6% de los jueces tiene un familiar juez.
Oliva ha remarcado que el actual sistema de oposiciones es «un ascensor social», personas que «mediante su esfuerzo personal tienen la capacidad de conseguir el sueño de servir a la ciudadanía que es lo que es la función del juez».
Desde la asociación defienden que «hay luces en el Anteproyecto, pero las sombras son de tal calado que nosotros no podemos apoyarlo».
Roberto García Ceniceros, vicepresidente de Foro Judicial Independiente (FJI), «En el preámbulo de esta Ley y el legislador incurre, como mínimo, en una ignorancia inexcusable, gravísima, cuando dice que la formación de los jueces es esencialmente memorística», ya que la oposición solo representa el 50%. «El legislador miente o, como mínimo, se equivoca gravemente», subraya.
Además, ha indicado que sí existe una polarización. Y hablar de roles conservadores o progresistas está haciendo mucho daño.
Por último, Benjamín Sánchez, en representación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha señalado que estamos hablando de un anteproyecto. «Nos parece que tiene muchos oscuros, pero también tiene claros». «No vemos un panorama tan sombrío».
Polémica por el fiscal general
Al finalizar el foro, se levantó cierta polémica cuando pidieron al representante de JJpD una opinión sobre la situación del fiscal general del Estado, Benjamín Sánchez respondió: “No hablo de política” […] «No debemos pronunciarnos sobre casos subjudice», lo que provocó ciertos murmullos. Eso sí, luego aclaró que pensaba que le preguntaban por su dimisión.
Sobre esto, el portavoz vitorino, Sergio Oliva, recordó que que “cuando tienes la condición de fiscal general del Estado y haces determinadas manifestaciones procesales que ponen en duda todo el sistema, no queda más alternativa que presentar la dimisión”.
Pilar Astray Chacón, subrayó la necesidad de reforzar los estándares de independencia del Ministerio Fiscal.
Aunque también evitó pronunciarse sobre la renuncia, Roberto García explicó que, por el principio de jerarquía, resulta difícil saber cómo debe actuar el fiscal de este caso porque “la persona investigada es su superior jerárquico” y avanzó: “Ojalá pudiésemos tener un ministerio fiscal realmente independiente y autónomo”.
Me gustaría que instruyeran los fiscales, pero «a día de hoy sería impensable».
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