El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado al Ministerio de Justicia una intervención urgente para frenar lo que ya consideran un “caos interpretativo” en la aplicación de los nuevos requisitos de procedibilidad introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia.
Es necesario acabar con la disparidad de criterios que se está generando.
La situación, según advierte el ICAM, ha creado un escenario inédito de inseguridad jurídica. Dependiendo del partido judicial, e incluso del juzgado concreto, los requisitos exigidos varían de forma sustancial, generando desigualdad de trato entre ciudadanos que se enfrentan al mismo tipo de procedimiento.
“Nunca antes se había dado tal disparidad de enfoques en la aplicación de una norma procesal”, señala Juan Manuel Mayllo, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Justicia Gratuita.
La obligación de acudir a la conciliación, mediación u otro MASC antes de presentar una demanda —uno de los ejes de la nueva ley— está siendo interpretada de formas tan dispares que, en algunos casos, se está denegando la tramitación de asuntos por no ajustarse a criterios locales no establecidos en la norma.
Según el ICAM, esto compromete gravemente la seguridad jurídica y el derecho de acceso a la justicia.
“La norma está mal redactada. Lo prueba el hecho de que jueces y LAJs de toda España manejan criterios completamente distintos, incluso dentro del mismo partido judicial”, afirma Mayllo.
La situación, según advierte el ICAM, ha creado un escenario inédito de inseguridad jurídica. Dependiendo del partido judicial, e incluso del juzgado concreto, los requisitos exigidos varían de forma sustancial, generando desigualdad de trato entre ciudadanos que se enfrentan al mismo tipo de procedimiento.
Los problemas van desde la forma de acreditar el intento de MASC, hasta su exigencia en procedimientos urgentes con medidas cautelares, pasando por la admisión o no de subsanaciones.
Las divergencias, lejos de ser anecdóticas, se han documentado en juzgados de Madrid, Barcelona, Valladolid, Zamora, Logroño, Arrecife o Granada, entre otros.
“Esto va a provocar discriminación entre ciudadanos, que no entenderán por qué en un juzgado se les exige cumplir un requisito y en otro no”, advierte el ICAM, que considera que la aplicación desordenada de la norma no solo no soluciona los problemas del sistema, sino que los agrava.
Por ello, el Colegio reclama al Ministerio que unifique cuanto antes los criterios de interpretación a través de instrucciones claras, con el fin de garantizar la igualdad ante la ley y evitar que esta reforma organizativa se convierta en una fuente de nuevos conflictos.
