Una delegación del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, encabezada por su presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha viajado esta semana a Bruselas con una misión clara: situar al gestor administrativo español en el radar institucional de la Unión Europea como pieza clave en la lucha contra la burocracia y defensor de los derechos de ciudadanos y empresas frente a un entramado normativo cada vez más complejo.
Durante cuatro intensas jornadas, los representantes del colectivo han mantenido reuniones estratégicas con eurodiputados de diversos grupos políticos —entre ellos Juan Fernando López Aguilar, Isabel Benjumea, Hana Jalloul y Jorge Buxadé—, así como con altos funcionarios de la Comisión Europea vinculados a áreas como Transformación Digital, Justicia y el desarrollo de la futura Business Wallet europea.
El objetivo ha sido claro: presentar el modelo español de colaboración social administrativa como ejemplo eficaz y exportable para aliviar la carga normativa que asfixia especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Un modelo, en palabras del propio Fernando Santiago, “único en Europa”, sustentado en una profesión regulada con una extensa presencia territorial y una función mediadora entre la Administración y el administrado.
“Somos la primera línea de defensa del ciudadano y de la pyme ante la Administración”, afirmó Santiago. “Nuestra Ley de Colaboración Social Administrativa está ya en tramitación en varias comunidades autónomas, y la Generalitat Valenciana ha aprobado una norma pionera en este sentido”, subrayó.
HIPERTROFIA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA
Los gestores han querido poner negro sobre blanco una realidad preocupante: la hipertrofia legislativa en la Unión. Según el Informe Draghi, en los últimos cinco años la UE ha aprobado unas 13.000 normas, frente a las 3.500 leyes y 2.000 resoluciones adoptadas en Estados Unidos en el mismo periodo.
La consecuencia, aseguran, es una trampa burocrática que lastra el día a día de las empresas, especialmente de las más pequeñas.
No es una percepción aislada. Un informe reciente de BusinessEurope recoge que el 55 % de las pymes identifican los obstáculos regulatorios y la carga administrativa como su principal desafío.
A ello se suma un dato demoledor: los costes de cumplimiento fiscal pueden suponer hasta el 30 % de los impuestos pagados por una pyme, mientras que para las grandes multinacionales apenas representan el 2 %, según otro estudio sobre el impacto de las reformas fiscales en la UE.
Ante este desequilibrio, los gestores administrativos han reivindicado en Bruselas su papel como agentes de simplificación y eficiencia, capaces de reducir tiempos, costes y barreras en la tramitación de procedimientos administrativos.
Y lo han hecho no desde la teoría, sino desde la práctica cotidiana de un colectivo que gestiona cientos de miles de expedientes al año en nombre de autónomos, empresarios y ciudadanos.
La visita ha concluido con el compromiso de seguir trabajando en el plano europeo para que el modelo español inspire futuras reformas normativas. Una apuesta por una profesión que, aunque singular en el contexto europeo, se perfila como un actor fundamental en el proceso de modernización administrativa que la Unión necesita.
