En los Emiratos Árabes Unidos no existe la democracia, ni la libertad de opinión. Y el sistema judicial depende del sistema ejecutivo. No existe la división de poderes. Foto: Confilegal.
Emiratos Árabes Unidos lanza el primer sistema de producción legislativa del mundo impulsado por Inteligencia Artificial
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16/4/2025 12:44
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Actualizado: 16/4/2025 12:44
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El Consejo de Ministros de Emiratos Árabes Unidos ha aprobado la creación de la Oficina de Inteligencia Regulatoria y el desarrollo de un ecosistema legislativo integrado basado en inteligencia artificial (IA), con el objetivo de modernizar y acelerar el proceso normativo del país.
La iniciativa permitirá centralizar todo el cuerpo legislativo en una única plataforma inteligente. A través del uso de IA y análisis masivo de datos, las autoridades podrán evaluar en tiempo real el impacto de las leyes sobre la economía y la sociedad, facilitando así reformas normativas más ajustadas a la realidad.
Se espera que el sistema reduzca hasta en un 70 % el tiempo necesario para investigar, redactar, evaluar y promulgar nuevas normas.
Además, la nueva Oficina de Inteligencia Regulatoria se conectará con centros internacionales de investigación jurídica para alinear el marco normativo emiratí con estándares globales y adoptar las mejores prácticas comparadas.
El vicepresidente y primer ministro del país, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha subrayado en la red social X que este nuevo sistema legislativo “cambiará la forma en que creamos leyes, haciendo el proceso más rápido y preciso”.
Lo definió como un “cambio de paradigma”, en línea con los objetivos estratégicos de desarrollo nacional.
LOS 5 PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN
Según explica el abogado Rodolfo Tesoné, presidente Emérito de ENATIC (Asociación Española de la Abogacía Digital) en su página de Linkedin, esta iniciativa emiretí se apoya en 5 pilares fundamentales:
Soberanía digital y liderazgo tecnológico: Con esta medida, los Emiratos refuerzan su papel como actor clave en la gobernanza digital y posicionan la IA como aliada estratégica en la evolución del Derecho.
Producción legislativa inteligente: La IA será utilizada para analizar datos masivos, evaluar el impacto de normas anteriores, y redactar nuevas leyes con mayor precisión y agilidad. Se estima que el tiempo dedicado al proceso legislativo se reducirá en un 70%, sin comprometer el rigor jurídico.
Integración normativa avanzada: La Oficina de Inteligencia Regulatoria combinará legislación federal y local, jurisprudencia y servicios públicos. Esto permitirá desarrollar normas más coherentes y contextualizadas, adecuadas a la realidad socioeconómica del país.
Benchmarking jurídico internacional: El sistema se conectará con centros globales de investigación legislativa para incorporar las mejores prácticas internacionales y fomentar la mejora continua.
Evaluación normativa en tiempo real: La IA permitirá monitorizar en directo el impacto de las leyes sobre la sociedad y la economía, ofreciendo la posibilidad de actualizaciones proactivas y ajustes normativos más eficaces.
A TENER EN CUENTA: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS NO ES UNA DEMOCRACIA
Sin embargo, esta transformación no puede desligarse del contexto institucional del país. Emiratos Árabes Unidos es una monarquía federal hereditaria donde no existen los partidos políticos, no hay libertad de prensa ni de opinión y cuyo sistema judicial depende del poder ejecutivo. La división de poderes es inexistente, lo mismo que la soberanía popular.
El Consejo Nacional Federal —órgano legislativo— tiene funciones meramente consultivas, y sus miembros son designados en parte por sufragio limitado, previa selección gubernamental.
Este contexto institucional permite entender cómo un país puede dar el salto a un sistema de producción legislativa basado en inteligencia artificial sin pasar por los filtros clásicos de la soberanía popular, la deliberación parlamentaria o el control democrático.
La IA, por lo tanto, no sustituye un modelo legislativo participativo, sino que profundiza un marco ya tecnocrático y centralizado, ahora automatizado.
La iniciativa plantea, por tanto, una doble lectura. Por un lado, demuestra el potencial transformador de la tecnología en el ámbito normativo, con posibles aplicaciones en eficiencia, coherencia jurídica y anticipación de impactos sociales.
Por otro, abre interrogantes fundamentales: ¿quién controla los algoritmos? ¿Qué grado de transparencia y fiscalización existe? ¿Puede un modelo así trasladarse a sistemas democráticos sin socavar sus pilares esenciales?
La experiencia merece atención no solo por su potencial técnico, sino por lo que revela sobre el uso de la tecnología en sistemas sin garantías democráticas.
Más que un modelo a imitar, plantea una advertencia sobre los riesgos de introducir automatismos en el corazón del Estado sin transparencia ni rendición de cuentas.
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