El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del denominado ‘caso Begoña Gómez‘, ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo.
Le cita el próximo 14 de mayo.
El juez ha acordado admitir a trámite parcialmente la querella presentada por Vox y citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación de caudales públicos al participar «aparentemente» en la contratación de la asesora de La Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021».
Sin embargo, el juez no ve indicios de delito en actuación de Begoña Gómez ni de Cristina Álvarez, ambas investigadas en la causa central, como sí argumentaba Vox en su querella
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que acumula dicha querella a la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
En este sentido, Peinado explica que la querella de los de Santiago Abascal se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez –investigada en la causa– para atender a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de la participación que pudo tener en estos hechos Francisco Martín Aguirre «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021».
Delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa
En su escrito, el juez Peinado indica que, según la querella, era el «responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez» y que Vox le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez «la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa».
Tras esto, explica que el delito de malversación de caudales públicos incluye el concepto penal de caudales que es «amplio» y que abarca «sin ánimo exhaustivo» asuntos como los billetes de lotería, el capital de las sociedades públicas, los bienes muebles y en general cualquier clase de bienes muebles y con valor económico, dinero, efectos negociables u otros bienes o derechos que forman parte de un activo de un patrimonio público.
Añade a esto como punto relevante para la causa que el delito también incluye «cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular».
Sobre el presunto delito de tráfico de influencias, el magistrado no ve posible atribuirlo a ninguno de los tres querellados «al no conocerse quien ha podido llegar a influir, y ejercer su prevalencia moral, o intimidatoria, en la persona que ha decidido realizar el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez».
En cuanto al delito de prevaricación administrativa, el juez también lo rechaza al concluir que «no puede entenderse que (los hechos denunciados) vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos, pero no que excedan de la infracción administrativa».
