Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, negó ayer ante la comisión del Congreso que investigaba la llamada Operación Cataluña haber ordenado o tenido conocimiento de ningún espionaje político al expresidente catalán Artur Mas —ni a ningún otro dirigente independentista— mediante el programa espía Pegasus.
Respondió así a una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre un informe del laboratorio Citizen Lab, que señalaba que Mas fue el primer español espiado con Pegasus en 2015, supuestamente por motivos políticos.
Sáenz de Santamaría declaró no conocer “ese informe, quién lo hizo ni los datos que contenía”, y consideró “cuanto menos curioso” que se publicara el mismo día de su comparecencia ante la comisión y la de Mas, diez años después de los hechos.
Insistió en que “jamás di ninguna instrucción que no fuera conforme a la Directiva Nacional de Inteligencia, la Constitución y el ordenamiento jurídico”, y que no autorizó ninguna operación al margen de la ley o sin control judicial.
Recalcó que esa Directiva, que guiaba la actuación del CNI, era un documento clasificado y que siempre informó al Congreso “de todo lo que me preguntaron”.
“Es difícil informar de lo que no ocurrió”, añadió.
También negó cualquier conocimiento de la llamada policía patriótica y de la elaboración de informes contra políticos independentistas o de Podemos, como el denominado Informe PISA sobre Pablo Iglesias.
“Nunca supe de su existencia ni ordené la elaboración ni la difusión de ningún documento semejante”, respondió a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que la acusó de “hacerse la tonta”.
Aprovechó varias preguntas para recordar que el supuesto uso de Pegasus en España se habría producido entre 2015 y 2020, lo que incluía el mandato del actual presidente, Pedro Sánchez. “Me imagino que tendrán ustedes interés en que quien gobernaba entonces comparezca también aquí”, señaló al diputado de Sumar Gerardo Pisarello.
Sobre el excomisario José Manuel Villarejo, fue categórica: “Jamás hablé con él, ni supe a qué se dedicaba, ni nadie de mi equipo lo hizo”. También negó que su jefa de Gabinete, María González Pico, coordinara dosieres con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. “Esa operación nunca existió; no había nada que coordinar”, zanjó.
A preguntas del portavoz socialista Manuel Arribas, negó haber recibido información alguna del entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, sobre Villarejo, ni que ningún colaborador suyo tuviera relación con él.
Rechazó pronunciarse sobre la contratación del excomisario por el despacho Cuatrecasas, en el que trabajó tras dejar la política. “Yo respondí ante la Agencia Tributaria y los tribunales, si me llamaron. No tuve nada que ocultar y cumplí la Ley de Incompatibilidades”, afirmó.
También rehusó valorar la contabilidad paralela del PP y las siglas “M. Rajoy”, aludidas por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. “No estoy aquí para participar en la estrategia de defensa de ningún investigado, acusado o condenado”, respondió.
Por último, contestó a la diputada de ERC Pilar Vallugera que el Gobierno de Rajoy “no tuvo ninguna intervención” en la crisis de la Banca Privada de Andorra (BPA) o del Banco de Madrid, filial española, porque no era competencia del Ejecutivo.
