El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ha vuelto a salir en defensa de la independencia judicial ante los ataques verbales del presidente Donald Trump y algunos de sus aliados, como el empresario Elon Musk, quienes han pedido la destitución de jueces que han bloqueado parte de la ambiciosa agenda del mandatario desde su regreso al poder en enero.
Así se ha posicionado John Roberts en un acto judicial en Buffalo (Nueva York), ciudad donde nació. Allí ha sostenido con firmeza que «la destitución no es el mecanismo para expresar desacuerdo con las decisiones judiciales», subrayando que el sistema de apelaciones es la vía legítima para impugnar fallos adversos. «Para eso estamos nosotros», añadió, en respuesta a las preguntas de un juez federal ante una audiencia compuesta por magistrados y abogados.
Aunque no mencionó directamente a Trump, sus declaraciones -recogidas por Reuters- resonaron como un nuevo reproche, tras el que ya emitiera en marzo, cuando el presidente llamó “lunático radical de izquierdas” a un juez que ordenó paralizar la deportación de migrantes venezolanos amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Trump pidió entonces su destitución, alegando que el fallo iba en contra de los intereses del país.
Roberts, que lidera una Corte Suprema de mayoría conservadora (6-3), reafirmó el papel de los jueces como contrapeso del poder ejecutivo y legislativo en el sistema estadounidense: «Nuestro trabajo es, obviamente, resolver casos. Pero en el ejercicio de esa función, debemos controlar los excesos del Congreso o del Ejecutivo, y eso requiere un grado de independencia».
Sus palabras se producen en un momento en el que el Gobierno de Trump afronta más de 200 demandas judiciales contra sus políticas, y su Departamento de Justicia ha presentado 13 solicitudes de medidas cautelares urgentes ante el Supremo en apenas 15 semanas, un ritmo sin precedentes, según ha documentado el profesor Stephen Vladeck, de la Universidad de Georgetown.
Cara y cruz en sus decisiones sobre la Administración Trump
En medio de esa avalancha legal, la Corte ha concedido al presidente importantes victorias, como permitir la entrada en vigor de la prohibición de que personas transgénero sirvan en el ejército, el recorte de subvenciones para la formación docente, o el despido de miles de empleados federales en período de prueba dentro de su plan de reducción del aparato estatal.
Sin embargo, también ha frenado algunas de sus iniciativas. El Supremo ha obligado a facilitar la excarcelación en El Salvador de un ciudadano deportado erróneamente y ha impedido al Ejecutivo retener pagos a organizaciones de ayuda exterior por trabajos ya realizados.
Asimismo, el alto tribunal ha paralizado las deportaciones de venezolanos al considerar que el Gobierno estaba a punto de actuar en contra de una orden anterior del propio tribunal.
El próximo 15 de mayo, la Corte escuchará argumentos en un caso clave para la administración Trump: su intento de restringir el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento, una medida de gran calado constitucional.
