Según la resolución, “El Gobierno tiene prohibido expulsar de Estados Unidos a cualquier miembro del grupo de detenidos propuesto hasta nueva orden de este Tribunal”. Con ello, se impide que el Ejecutivo proceda con las expulsiones sin permitir a los afectados ejercer su derecho al control judicial previo. Foto: EP
La Corte Suprema de EEUU frena temporalmente la deportación de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua
La Administración Trump pretendía aplicar una ley de 1798 para expulsarlos sin revisión judicial previa, lo que podría derivar en una grave crisis constitucional
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19/4/2025 18:51
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Actualizado: 20/4/2025 00:34
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La Corte Suprema de Estados Unidos ha suspendido este sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas -acusados de ser miembros del Tren de Aragua (TdA)- a una prisión salvadoreña decretada en virtud de una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para su uso en tiempo de guerra.
La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
Según la resolución, “El Gobierno tiene prohibido expulsar de Estados Unidos a cualquier miembro del grupo de detenidos propuesto hasta nueva orden de este Tribunal”. Con ello, se impide que el Ejecutivo proceda con las expulsiones sin permitir a los afectados ejercer su derecho al control judicial previo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó el mes pasado la citada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros del Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema llega tras una jornada de urgencias judiciales activadas por los abogados de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quienes presentaron recursos en varios tribunales —incluida la Corte Suprema— denunciando que algunos de los migrantes ya habían sido subidos a autobuses para ser deportados, sin posibilidad de acudir a los tribunales.
Los letrados alertaron de que estas personas estaban a punto de ser enviadas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin que se respetaran los requisitos mínimos de debido proceso exigidos por el alto tribunal. “Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una prisión extranjera espantosa, sin haber tenido la oportunidad de acudir a un juez”, según aseguró Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU.
Una ley de 1798 en pleno siglo XXI
La controversia se enmarca en la reciente invocación por parte del presidente Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma aprobada en tiempos de guerra que apenas ha sido utilizada en la historia moderna del país.
El mandatario, que hizo de la lucha contra la inmigración irregular uno de los pilares de su campaña, sostiene que esta ley le otorga amplios poderes para deportar a extranjeros considerados peligrosos sin necesidad de procesos judiciales ordinarios.
En este caso, los afectados fueron calificados como “enemigos extranjeros” y vinculados presuntamente al Tren de Aragua, grupo al que la administración Trump ha equiparado a una organización terrorista.
La ACLU presentó a la Corte una copia de los formularios entregados a los migrantes, donde se les comunicaba dicha clasificación. Uno de los detenidos se negó a firmar el documento.
No está claro cuántas personas estaban en proceso de ser deportadas ni cuál sería su destino final, aunque en marzo pasado ya se registró una deportación masiva de más de 130 venezolanos a El Salvador, en circunstancias similares y también denunciadas por organizaciones de derechos civiles.
Un pulso entre poderes y posible crisis constitucional
El fondo del caso pone en cuestión el respeto del poder ejecutivo a los límites impuestos por el poder judicial. El pasado 7 de abril, la Corte Suprema avaló el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero estableció condiciones: los afectados deben recibir “una notificación razonable y en forma que les permita buscar el amparo judicial mediante habeas corpus antes de que la deportación se produzca”.
Sin embargo, el Gobierno no ha precisado cuántos días de antelación considera adecuados. Abogados de inmigración han solicitado que se establezca un mínimo de 30 días. La negativa de la Administración a aclararlo, unida a las deportaciones sin previo aviso, ha generado alarma en sectores judiciales y políticos.
Durante una vista celebrada el viernes, el juez federal James Boasberg expresó su preocupación ante la posibilidad de nuevas deportaciones inminentes, pero admitió no tener margen legal para impedirlas debido al fallo previo del Supremo.
La declaración llevó a la ACLU a acudir nuevamente a la Corte Suprema por la vía urgente.
El caso, que podría derivar en una colisión directa entre la Casa Blanca y el Tribunal Supremo, abre un escenario inédito de tensión institucional. “Eso es por lo que fui elegido. Un juez no fue elegido”, declaró Trump el viernes, al ser preguntado por los planes de deportación.
Además, el presidente llegó a pedir el impeachment del juez Boasberg tras una decisión adversa, lo que motivó una inusual reprimenda pública del presidente del Supremo, John Roberts.
Incertidumbre y exigencia de garantías
Mientras tanto, los abogados defensores y varios legisladores demócratas exigen al Gobierno que presente pruebas de que los venezolanos detenidos realmente pertenecen al Tren de Aragua.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha declarado que no revelará detalles de las operaciones “por razones de seguridad nacional”, pero que está cumpliendo con lo ordenado por el Supremo.
La Corte ha solicitado al Gobierno que responda formalmente a la petición de la ACLU tras la actuación del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que aún debe pronunciarse.
El caso no solo enfrenta al poder ejecutivo con el judicial, sino que podría sentar un precedente crítico en materia de derechos fundamentales, debido proceso y equilibrio de poderes en un contexto de creciente tensión política e institucional.
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