Tras 16 años de instrucción, se cierra el Caso Kokorev, uno de los procedimientos más complejos y productivos contra el blanqueo de capitales en la historia judicial de Canarias
Caso Kokorev: el empresario y su esposa admiten el blanqueo de 58 millones y aceptan devolver 35 millones al Estado
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20/5/2025 05:35
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Actualizado: 19/5/2025 22:19
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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha puesto este lunes punto final al caso Kokorev, uno de los mayores procedimientos por blanqueo de capitales tramitados en España, con una sentencia de conformidad que ha permitido al Estado recuperar 35 millones de euros.
La condena se produce tras un acuerdo entre el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas y las defensas del empresario ruso Vladimir Kokorev, su esposa Yulia Maleeva y otros coprocesados, entre ellos su asesor fiscal Juan Arencibia Rodríguez, todos ellos representadas por los letrados José Antonio Choclán, Antonio José García Cabrera, Álvaro Campanario y Carmen Rodríguez,
Vladimir Kokorev ha sido condenado a dos años, tres meses y diez días de prisión y una multa de 20 millones de euros, mientras que su esposa ha aceptado un año, once meses y dos días de cárcel y 15 millones de euros de multa, ambos por un delito de blanqueo de capitales procedente de actividades mercantiles con la República de Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2012.
La sentencia de conformidad incluye además el decomiso de todos los bienes y cuentas embargados a la familia Kokorev hasta cubrir el valor de las multas e indemnizaciones impuestas.
El tribunal también ha condenado a Juan Arencibia, asesor y colaborador financiero de los Kokorev, a un año de cárcel y 500.000 euros de multa, mientras que sus hermanas, Margarita y María Luisa Arencibia, que figuraban como administradoras de sociedades pantalla, han recibido penas de seis meses de prisión y multas de 10.000 euros.
Todos los condenados han reconocido expresamente los hechos, lo que ha evitado un juicio de más de cuatro meses.
La sentencia exime de toda responsabilidad penal al hijo del matrimonio, Igor Kokorev, al no constar su participación en los hechos.
Un entramado internacional para ocultar el origen del dinero
Según la Fiscalía Anticorrupción, los Kokorev y sus colaboradores articularon un sofisticado sistema de sociedades mercantiles en Panamá, Seychelles, las Antillas Holandesas, Suiza y Delaware.
A través de esta estructura, canalizaron las ganancias de sus negocios con Guinea Ecuatorial —la compraventa de buques de carga y pasajeros— hacia cuentas opacas como las del Nordea Bank (Dinamarca), desde donde retornaban a España en forma de inversiones inmobiliarias.
La operación nunca fue declarada al fisco español. Fue a partir de 2004 cuando Juan Arencibia asumió un papel clave en el diseño y ejecución de este entramado, facilitando el blanqueo de las millonarias sumas, valiéndose de su conocimiento profesional.
A instancias de él, sus propias hermanas fueron colocadas como testaferros de varias de las sociedades utilizadas por la familia Kokorev.
El punto de inflexión: La Haya
El caso, instruido inicialmente en 2009 por la magistrada Ana Isabel De Vega Serrano, vivió años de paralización, atrapado en una maraña de más de 30 comisiones rogatorias internacionales y las restricciones del secreto bancario.
Pero en diciembre de 2019 se produjo un giro decisivo: el fiscal Ródenas, junto al inspector jefe de la Policía Nacional Francisco Herrero Zapata, viajó a La Haya para reunirse en la sede de Eurojust con fiscales y jueces de Suiza, Lituania, Hungría, Dinamarca y EE. UU.
Este encuentro permitió reactivar el procedimiento, desbloquear la cooperación internacional y acceder a la trazabilidad completa del dinero.
La instrucción, hasta entonces estancada, cobró un nuevo impulso que culminó en mayo de 2021 con el escrito de acusación del fiscal, una pieza de 543 folios y 600 notas a pie de página que detallaba toda la operativa financiera delictiva.
Un éxito sin precedentes para la justicia económica
El acuerdo, sellado este lunes ante el tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya, no solo ha permitido una condena penal con cumplimiento efectivo, sino también una recuperación patrimonial inédita.
Los bienes y cuentas embargadas, localizados en su mayoría en Suiza y España, serán transferidos a la cuenta de consignaciones de la Audiencia de Las Palmas, lo que convertirá este caso en uno de los pocos en los que la lucha contra el blanqueo ha resultado real y rentable para el Estado.
Parte de estos activos serán subastados, tal como prevé la ley, una vez completado el proceso de decomiso.
La Agencia Tributaria, representada en el proceso por David Monteseirín Herrera, y los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), desempeñaron un papel clave en el rastreo y recuperación del dinero, gracias a informes de inteligencia financiera que permitieron reconstruir la ruta del capital ilícito.
El tiempo como atenuante
Las penas impuestas han sido rebajadas en atención a las dilaciones extraordinarias del procedimiento, que ha durado 16 años y ha acumulado más de 200.000 folios, archivos cifrados, documentos en varios idiomas (ruso, ucraniano, húngaro, inglés, italiano…) y una complejidad sin precedentes en la justicia canaria.
Además, Vladimir Kokorev ya cumplió en prisión preventiva el tiempo correspondiente a su condena.
Su comparecencia este lunes se realizó por videoconferencia desde una cama, debido a sus graves problemas de salud.
Otro frente abierto en la Audiencia Nacional
La sentencia firme dictada en Las Palmas no pone fin a la situación judicial de Vladimir Kokorev. Permanece procesado en la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga su presunta implicación en una organización criminal internacional y tráfico de armas vinculados también a Guinea Ecuatorial.
Un procedimiento que, según fuentes jurídicas, sigue a la espera de una respuesta de extradición por parte de Panamá, y cuya tramitación se encuentra en suspenso tras el archivo provisional solicitado por el fiscal Carlos García-Berro Montilla
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