Las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han advertido al Ministerio de Justicia que adoptarán “cuantas medidas colectivas sean necesarias para la defensa de los principios fundamentales que sustentan” la carrera judicial y fiscal si el departamento que dirige Félix Bolaños no abre una vía de diálogo sobre las reformas anunciadas en materia de acceso a ambas carreras.
Así lo han manifestado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en un comunicado conjunto remitido a los miembros de ambas carreras.
El texto detalla la “hoja de ruta” acordada por estas organizaciones el pasado viernes, en el marco de la protesta contra la proposición de ley del Gobierno que modifica las condiciones de ingreso y formación en las carreras judicial y fiscal.
Ese mismo día, las asociaciones convocaron un paro simbólico de diez minutos para el próximo 11 de junio, a las 12:00 horas, ante las sedes judiciales de todo el país. Una movilización con la que buscan escenificar su rechazo a una iniciativa legislativa que, según afirman, “incorpora medidas altamente perjudiciales” y cuya retirada solicitan de forma expresa.
Reforma sin demanda social y con riesgo de politización
En su nota, las asociaciones firmantes denuncian que el texto legislativo impulsado por el Gobierno “no responde a una demanda social real” ni resuelve los problemas estructurales de la Justicia, “sino que los agrava, aumentando el riesgo de politización del sistema y debilitando los valores constitucionales”.
Tras su reunión del viernes, aseguran haber cumplido con los compromisos adquiridos.
Entre otras acciones, explican que han remitido comunicaciones formales acompañadas de informes técnicos a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a los principales actores jurídicos del país: el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores, el Colegio de Graduados Sociales, la Asociación de Abogados del Estado, el Consejo General del Notariado y diversas asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia.
En todas estas comunicaciones, solicitan reuniones presenciales para explicar de forma directa los efectos de las reformas en curso y exponer su análisis sobre “las graves implicaciones” que podrían derivarse si la iniciativa prospera.
Petición de supervisión internacional
El frente de presión no se limita al ámbito nacional. Las asociaciones han trasladado también sus inquietudes a diversas instituciones europeas.
En concreto, aseguran haber remitido sendas cartas a David Meyer, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO); Claire Bazy, presidenta de la Comisión de Venecia; Michael McGrath, comisario de Justicia de la Unión Europea; y Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
En estas misivas subrayan la relevancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial, y alertan de que las reformas propuestas vulnerarían este estándar europeo, “debilitando pilares esenciales del Estado de Derecho”.
A estas autoridades les solicitan que tomen conocimiento formal de la situación, que evalúen el impacto de la reforma en la independencia judicial y en la separación de poderes, y que consideren la activación de mecanismos de supervisión pertinentes.
“Diálogo, pero sin renunciar a la defensa colectiva”
Las asociaciones concluyen su comunicado reiterando su “plena disposición al diálogo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios”, pero advierten de que no renunciarán “en ningún caso” al ejercicio de “cuantas medidas colectivas sean necesarias” para salvaguardar los principios fundamentales que sustentan la Justicia.
Este frente común evidencia el grado de tensión entre las principales asociaciones de la carrera judicial y el Gobierno, en un momento clave para la estructura y configuración del acceso a la Judicatura y al Ministerio Fiscal.
La exclusión de las asociaciones progresistas, como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) o la Unión Progresista de Fiscales (UPF), subraya además la fractura interna del asociacionismo judicial ante las propuestas de reforma impulsadas por el Ejecutivo.
