La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado este martes a las críticas vertidas desde el Gobierno contra Beatriz Biedma, la juez de Badajoz, que la semana pasada envió al banquillo al hermano del presidente del Gobierno y al líder de los socialistas extremeños.
Lo ha hecho con una declaración institucional aprobada por unanimidad en la que se apela «a la responsabilidad institucional a fin de no mermar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y al respeto a la independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional».
Aunque el texto no menciona expresamente el caso vinculado a David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno- y Miguel Ángel Gallardo, -ni ningún otro- lo cierto es es que han sido las declaraciones del Ejecutivo sobre este procedimiento son las que han llevado a la comisión a actuar, según indican fuentes del Consejo.
De hecho, la crítica más directa a la juez Beatriz Biedma provino del ministro de Justicia, Félix Bolaños: «La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir el juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior», afirmó el pasado viernes en declaraciones a los periodistas.
Precisamente, ese mismo día, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había dicho: «Si David no se llamara Sánchez de apellido, aquí no habría caso».
La declaración institucional del CGPJ comienza indicando que la presidenta de CGPJ, Isabel Perelló, ha declarado públicamente que la libertad de expresión «ampara la crítica de las resoluciones judiciales».
«No obstante», prosigue, «en la línea manifestada por la presidenta en sus discursos y por el Pleno en su declaración institucional de 1 de abril de 2025, ‘es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones’«.
Esa declaración del 1 de abril fue la que salió en defensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras las críticas por la absolución del futbolista Dani Alves.
La declaración institucional de hoy ha sido firmada por unanimidad por los miembros de la Comisión Permanente, formada por la presidenta, y por los siete vocales de la comisión, vinculados tanto al bloque conservador como al progresista.
Se trata de Esther Erice, José Eduardo Martínez Mediavilla, Hugo Preciado, Alejandro Abascal, Bernardo Fernández, María Pilar Jiménez e Isabel Revuelta.
