El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha levantado de forma provisional el bloqueo impuesto por el Tribunal de Comercio Internacional (CIT, por sus siglas en inglés) contra los aranceles generalizados que el expresidente Donald Trump impuso durante su mandato. Una medida que, aunque temporal, permite que dichas tarifas sigan en vigor mientras se resuelve el recurso presentado por el Gobierno federal.
La Corte de Comercio Internacional había declarado previamente que el expresidente se había extralimitado en sus funciones ejecutivas, al aplicar aranceles sin contar con la autorización previa del Congreso, amparándose en la controvertida Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Una norma pensada para contextos excepcionales que Trump utilizó como base legal para justificar su política arancelaria frente a países como China.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ha optado por conceder una suspensión administrativa inmediata, permitiendo que los aranceles se mantengan activos.
En su razonamiento, los magistrados subrayan que mantener estas tarifas es “crítico para la seguridad nacional” de Estados Unidos, aceptando así uno de los argumentos centrales del equipo legal de Trump y del Departamento de Comercio.
La Administración Trump ha reaccionado celebrando esta resolución como una “victoria de la soberanía económica” y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal Supremo, si fuera necesario. El expresidente siempre ha defendido estos aranceles como una herramienta estratégica para proteger la economía estadounidense y reequilibrar las relaciones comerciales internacionales, especialmente con China, México y la Unión Europea.
Choque entre poderes: el Ejecutivo y el Judicial
Este litigio no es solo un pulso legal sobre aranceles: es un episodio más en la tensión estructural entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la configuración de la política comercial del país.
Por un lado, la Casa Blanca reclama una amplia discrecionalidad presidencial en materia económica y de seguridad nacional. Por otro, los tribunales recuerdan que no todo puede ampararse en el concepto de “emergencia” y que ciertas decisiones requieren el refrendo del legislativo.
El presidente Trump ha cuestionado a los tres jueces que paralizaron los aranceles: «¿Cómo es posible que hayan causado un daño tan grave a Estados Unidos de América? ¿Se trata simplemente de odio hacia Trump? ¿Qué otra razón podría haber?», ha planteado.
En esta línea, ha achacado la sentencia de la Corte de Comercio Internacional a «los jueces de la izquierda radical, junto con algunas personas muy malas», mencionando a Leonard Leo –quien fuera su asesor y vicepresidente de la Sociedad Federalista– al que ha tachado de «mala persona» y ha acusado de «odiar a Estados Unidos».
«Yo era nuevo en Washington y me sugirieron que utilizara la Sociedad Federalista como fuente de referencia para los jueces. Lo hice, abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de un verdadero canalla llamado Leonard Leo (…) que presume abiertamente de cómo controla a los jueces, e incluso a los magistrados del Tribunal Supremo», ha relatado.
La resolución final de este proceso —que todavía puede prolongarse— tendrá consecuencias de gran calado institucional y económico, al sentar un precedente sobre hasta dónde puede llegar un presidente en política comercial sin pasar por el Congreso, y qué margen tienen los jueces para intervenir cuando ese límite se difumina.
En juego no solo están los aranceles. También está la arquitectura jurídica que regula el poder presidencial en Estados Unidos.
