Las principales asociaciones de jueces y fiscales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han informado hoy de los pasos que están dando en su ejecución de la hoja de ruta común que han acordado contra el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Todo parece indicar que va a ser un nuevo «Fuenteovejuna», si bien, en esta ocasión no participan las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), más en consonancia con el Ministerio.
En un comunicado, continuación del emitido el pasado 23 de mayo, las 5 asociaciones detallan una agenda de encuentros institucionales antes del paro simbólico convocado para el próximo 11 de junio a las 12:00 horas, frente a todas las sedes judiciales.
Estas reuniones, que se desarrollarán entre el 3 y el 9 de junio, incluyen encuentros con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el del Consejo General de Procuradores, la presidenta de la Asociación de Abogados del Estado, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y el Consejo General de Graduados Sociales.
No descartan nuevas medidas colectivas, incluida la huelga, si resultara necesario para alcanzar sus objetivos.
Además, las asociaciones informan de nuevas adhesiones a sus reivindicaciones por parte de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado y de la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, cuyo respaldo público han agradecido.
Tras el paro del 11 de junio, las asociaciones judiciales y fiscales intensificarán los contactos con los grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado.
«Con la finalidad de trasladar directamente nuestra posición y reiterar la necesidad de retirar los proyectos de reforma en curso, abriendo un proceso participativo, riguroso y transparente que aborde de forma real y efectiva los retos estructurales de la justicia», dicen en su comunicado.
En el ámbito internacional, las asociaciones han activado la vía europea. Han remitido comunicaciones formales, junto a informes técnicos, a organismos como GRECO, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
En estas comunicaciones han solicitado una evaluación del impacto de las reformas sobre la independencia judicial y la separación de poderes, invocando el principio de no regresión en estándares europeos recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Repubblika C-896/19.
Finalmente, las asociaciones firmantes reiteran su “pleno compromiso con la defensa de la independencia del poder judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal” y mantienen su disposición al diálogo con el Ministerio de Justicia y las formaciones parlamentarias.
«Seguimos plenamente comprometidos con la defensa de la independencia del poder judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, y mantenemos abierta nuestra disposición al diálogo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios. Todo ello, sin descartar en ningún caso la adopción de nuevas medidas colectivas, incluida expresamente la convocatoria de huelga, si resultaran necesarias para la consecución de estos fines», concluyen.
Esta movilización, sin precedentes recientes en el ámbito judicial y fiscal, subraya la gravedad con la que la carrera judicial y fiscal percibe estas reformas legislativas y su potencial impacto sobre el Estado de Derecho.
