Juan Carlos Campo, magistrado del TC: “Estamos viviendo un claro desplazamiento en el juego de poderes del Estado”

Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, advirtió sobre una transformación estructural que está afectando al equilibrio clásico de poderes en las democracias occidentales. A su juicio, se está produciendo un trasvase de funciones que altera el reparto tradicional entre los tres poderes del Estado.

“Lo que antes se resolvía en los parlamentos, ahora se resuelve en los tribunales”, afirmó, subrayando el creciente protagonismo del Poder Judicial en materias que, históricamente, competían al legislativo y al ejecutivo.

“Estamos viviendo un claro desplazamiento en el juego de poderes del Estado”, alertó Campo, en referencia a un fenómeno que, según él, se ha vuelto cada vez más evidente en el funcionamiento de las democracias contemporáneas.

Así se expresó el ex ministro de Justicia, en su ponencia “Constitución, equilibrio de poderes y legitimidad democrática”, durante la jornada «De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI», organizada por el Consejo General de los Gestores Administrativos.

“Lo que antes se resolvía en los parlamentos, ahora se resuelve en los tribunales”

Ejemplos de este desplazamiento de poderes

Para ilustrar esta transformación estructural, ese desplazamiento en el juego de poderes, Juan Carlos Campo recurrió a varios ejemplos internacionales que, en su opinión, evidencian la magnitud del cambio.

Recordó cómo fue la Corte Suprema de Estados Unidos la que resolvió en 2000 el conflicto electoral entre Al Gore y George W. Bush, validando el controvertido recuento de votos en Florida y determinando, de facto, el vencedor de las elecciones presidenciales. “Fue un poder judicial el que zanjó una cuestión que, en teoría, debía haber resuelto el sistema político”, remarcó.

Mencionó también el caso reciente de Rumanía, donde un tribunal invalidó el resultado de unas elecciones presidenciales tras concluir que se había producido una injerencia extranjera, lo que, a juicio del magistrado, “supuso un acto de protección del orden constitucional frente a una amenaza externa, pero al mismo tiempo implicó que un tribunal asumiera una responsabilidad política de primer nivel”.

Asimismo, aludió a las actuaciones judiciales en Italia y el Reino Unido en relación con decisiones migratorias controvertidas de sus respectivos gobiernos, que fueron paralizadas por jueces nacionales, provocando fuertes tensiones institucionales. “Los jueces, en todos estos casos, han dejado de ser aquel poder ‘difuso’ y poco visible del que hablábamos en el pasado, para convertirse en actores de primer orden en la escena pública”, subrayó Campo.

Para reforzar esta idea, Juan Carlos Campo citó al exjuez de la Corte Suprema del Reino Unido Jonathan Sumption: “Las democracias se están anquilosando, los parlamentos tienen enormes dificultades para lograr consensos y, ante la ausencia de líderes políticos competentes, se ha tenido que recurrir a los tribunales para resolver cuestiones políticas y morales”.

Judicialización de la política y la politización de la justicia

Campo analizó en profundidad el fenómeno de la judicialización de la política y la politización de la justicia, que, a su juicio, no son procesos aislados sino dos caras de una misma moneda: el vaciamiento progresivo de la capacidad de los parlamentos para dar respuesta a los grandes conflictos sociales.

Con contundencia, calificó este fenómeno como una “enorme devaluación de la política y una inflación de la respuesta judicial”, y trazó un diagnóstico estructural basado en cuatro grandes causas que, en su opinión, explican el desplazamiento del protagonismo democrático hacia el poder judicial.

1.- El paso de una democracia parlamentaria a una democracia constitucional, donde la Constitución se convierte en el parámetro supremo y los tribunales en los árbitros de su cumplimiento. “Cuando los conflictos se sitúan en la esfera de lo indecidible, son los jueces quienes terminan decidiendo lo que puede o no puede decidirse”, dijo, citando al jurista italiano Luigi Ferrajoli.

“Tenemos leyes para todo, pero esa sobreproducción hace que el ciudadano se sienta atacado en vez de protegido».

2.- La creciente judicialización de la vida pública: “Cada vez residenciamos más decisiones en el ámbito jurisdiccional. Lo vimos en la pandemia. Todo acabó en los tribunales. Y el ámbito contencioso-administrativo, el más joven y menos popular de las jurisdicciones, se ha convertido en el escenario por excelencia de los litigios políticos”.

3.- La proliferación legislativa, que, lejos de ofrecer seguridad jurídica, genera desconfianza: “Tenemos leyes para todo, pero esa sobreproducción hace que el ciudadano se sienta atacado en vez de protegido. Y eso lo resuelven los jueces”.

Juan Carlos Campo alertó de que, en el contexto actual de proliferación legislativa y bloqueo parlamentario, los jueces se ven abocados a crear derecho para resolver conflictos que el poder legislativo no ha sabido o no ha podido abordar.

Según explicó, esta situación obliga a los tribunales a asumir una función de legislador negativo, lo que —aunque comprensible ante el vacío normativo— genera tensiones institucionales y plantea problemas de legitimidad democrática.

“Cuando la voluntad del legislador es difícil de distinguir en el entramado normativo, los jueces tienen que intervenir y, al decidir, terminan creando derecho”, advirtió Campo. Un fenómeno que, en su opinión, acentúa la judicialización de la política y desequilibra la arquitectura de poderes del Estado.

4.- La deliberada oscuridad en la redacción normativa, consecuencia directa de la dificultad para alcanzar consensos parlamentarios. “Muchas leyes no llegan a abordar los problemas reales porque nacen del compromiso forzado. Cuando estalla el conflicto, el juez no puede decir ‘esto que lo resuelva el legislador’. Tiene que decidir. Y, al decidir, crea derecho”.

Para el magistrado del Tribunal Constitucional, este nuevo rol asignado a los jueces genera tensiones estructurales en el Estado de Derecho: “Los jueces terminan haciendo de legisladores negativos. Y eso explica por qué interesa tener jueces de una determinada cuerda ideológica. Es lógico, aunque no sea deseable”.

A su juicio, el problema se agrava porque el juez no está sometido al control democrático: “No se le puede echar. Eso provoca un déficit democrático que agrava la desafección ciudadana”, advirtió.

Campo concluyó su intervención con un diagnóstico severo: la justicia se ha convertido en víctima del sistema. “Se le exige resolver lo que otros poderes no abordan. Pero el Poder Judicial no está llamado a suplir la política. Su papel es controlar, no sustituir”.

Y lanzó una advertencia final: “Si los tribunales terminan creando el derecho por ausencia de buena legislación, la política ya no aporta nada. Y cuando la política deja de aportar, la democracia se resiente”.

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