Este planteamiento final es el que late en la obra «El derecho a una asistencia letrada eficaz en el proceso penal», de la que es autor el abogado y profesor de derecho procesal, Jaime Campaner Muñoz, y que fue presentada ayer por la tarde en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España con un elenco de excepción: El exfiscal general del Estado y abogado, Eduardo Torres-Dulce, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, la catedrática de derecho procesal, Marian Aguilera Morales, y el abogado «Of Counsel» de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Carlos Aguilar Fernández.
Ya lo avanzó el propio Campaner el pasado mes de marzo en una entrevista que Confilegal le hizo sobre este libro, los abogados ineficaces son el elefante en medio del salón. Está ahí pero nadie habla de él y, lo peor, nadie parece verlo.
Campaner recurrió a una metáfora tan potente como perturbadora para explicar lo que está sucediendo desde hace años: «sacrificios de prisioneros inermes a manos de gladiadores».
Con esta imagen, Campaner ilustró una realidad que, según él, no puede seguir ocultándose: la indefensión en la que se encuentran algunos acusados como consecuencia directa de la actuación —o inacción— de sus propios abogados defensores.
Y subrayó que, aunque un juicio penal no sea una contienda equilibrada entre partes con los mismos recursos, lo que jamás puede aceptarse es ese «sacrificio» del justiciable.
UN DERECHO ANIQUILADO POR QUIEN ESTÁ LLAMADO A GARANTIZARLO
“El proceso penal no es un cuadrilátero entre iguales, pero tampoco puede permitir que el derecho de defensa se vea aniquilado por quien, precisamente, está llamado a garantizarlo”, advirtió.
La paradoja que plantea Campaner en su libro es dolorosa: que el “gladiador”, lejos de luchar por su defendido, termina siendo el ejecutor de su indefensión. Y todo ello, ante la mirada pasiva de los jueces y magistrados, quienes —recuerda— tienen el deber constitucional y legal de asegurar la tutela judicial efectiva, especialmente cuando está en juego un derecho fundamental.
Campaner denunció la tolerancia estructural que permite que estos casos de ineficacia profesional pasen sin consecuencias, sin correcciones, y sin que se activen los mecanismos necesarios para impedir que se repitan.
A su juicio, el silencio o la indiferencia institucional ante estas situaciones convierte esa inacción en cómplice de una injusticia profunda.
El autor también criticó el criterio del Tribunal Constitucional español, que distingue entre los abogados de oficio y los particulares a la hora de revisar si ha existido una asistencia letrada deficiente. “¿Qué importa si el abogado es de oficio o particular? Lo relevante es cómo actúa en el proceso, no quién le paga”, argumentó.
Y abogó por eliminar ese distingo y reforzar por igual los mecanismos de control para ambos casos, ya que el efecto procesal —la posible vulneración del derecho de defensa— es el mismo.
AMPARADOS POR LA CONFORMIDAD
La ineficacia de estos abogados, además, se ve amparada por la costumbre de la conformidad, es decir, por el acuerdo previo que cierran con los fiscales de sus respectivas causas.
Carlos Aguilar Fernández, que precedió a Campaner en el uso de la palabra, criticó el uso de calificaciones jurídicas sobredimensionadas como mecanismo de presión hacia acuerdos que permiten cerrar causas sin juicio.
“Nos encontramos con peticiones de pena desmesuradas, que no se compadecen con los hechos, pero sirven para forzar una conformidad”, explicó, recordando que esta dinámica afecta no solo al acusado, sino también a su entorno familiar, económico y social.
La catedrática Marian Aguilera Morales refirió esta situación como una «aporía» evidente. Una situación en la que el sistema entra en una contradicción tan grave que paraliza su propio funcionamiento o impide una respuesta adecuada.
Y es lo que sucede porque esas defensas letradas tan ineficaces generan una paradoja grave: el acusado, en lugar de estar defendido, está desprotegido, lo cual contradice el principio esencial del derecho a una defensa efectiva.
Se produce la paradoja de que el derecho de defensa se quiebre en manos de quienes tienen que dirigirlo. El acusado, en lugar de estar defendido, está desprotegido, lo cual contradice el principio esencial del derecho a una defensa efectiva.
Es, en definitiva, una especie de callejón sin salida argumental, legal o ético, que reclama una revisión profunda del sistema o de sus fundamentos.
UN LIBRO ESENCIAL, SEGÚN TORRES DULCE
El exfiscal general del Estado y académico Eduardo Torres-Dulce calificó la obra de Campaner Muñoz, como un “libro esencial y espléndido” que aborda “un tema tabú” en el ámbito de la justicia penal: la ineficacia real de algunas asistencias letradas.
Torres-Dulce, que abrió el acto con su intervención, destacó el “coraje” del autor al enfrentarse a una realidad muchas veces silenciada. A su juicio, el libro representa una aportación imprescindible para repensar el proceso penal desde la óptica de los derechos fundamentales, especialmente el derecho de defensa en condiciones reales de eficacia y no como una mera formalidad.
“El título lo dice todo —afirmó—, se trata de un derecho a la asistencia letrada, sí, pero solo si es eficaz. Y esa eficacia no puede darse por supuesta ni resolverse con una mera presencia formal del abogado”.
El jurista también elogió la claridad, sistematicidad y profundidad de la obra, y animó a leerla como una contribución seria y necesaria a la arquitectura constitucional del Estado de Derecho.
OBRA NECESARIA, EN OPINIÓN DE ANTONIO DEL MORAL
Antonio del Moral, por su parte, destacó la gravedad y actualidad del problema que plantea. A través de anécdotas reales y ejemplos jurisprudenciales, subrayó cómo en la práctica judicial se encuentran situaciones en las que el derecho de defensa queda vulnerado, incluso por aquellos abogados que deberían protegerlo.
Del Moral relató varios casos en los que los propios acusados lamentaban la defensa recibida —“me ha tocado este abogado”—, y criticó especialmente la figura del abogado de oficio que declara como “insostenible” un recurso, algo que a su juicio es “insostenible” en sí mismo.
Esta práctica, amparada por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pone a los abogados en una posición complicada y termina perjudicando tanto a los justiciables como al sistema en su conjunto.
También alertó sobre la saturación de recursos sin contenido real y el efecto perverso que esto tiene sobre la eficiencia del sistema, así como la paradoja de que algunos acusados prefieren procesos sin garantías si ello les garantiza una solución rápida.
Finalmente, planteó la creación de una Defensoría Pública en España como solución estructural al problema, al estilo de los modelos existentes en algunos países latinoamericanos.
Concluyó elogiando el libro de Campaner por su claridad, valentía y profundidad, y lo calificó como una obra necesaria para abrir un debate inaplazable en el ámbito penal.
CONFRONTAR EL PROBLEMA
Jaime Campaner cerró el acto proponiendo enfrentar las asistencias letradas manifiestamente ineficaces dejando de mirar hacia otro lado y promoviendo un proceso de reflexión estructural desde las universidades, los colegios de abogados y la propia administración de Justicia.
Entre las soluciones concretas, destacó la posibilidad de activar la nulidad de actuaciones procesales —amparada en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— cuando se acredite que el derecho de defensa ha sido vulnerado de forma evidente.
Campaner insistió en que no se trata de analizar retrospectivamente si una defensa fue acertada o no, sino de detectar aquellas asistencias que son manifiestamente inasumibles y que colocan al acusado en una posición de indefensión.
“Deseo que esta monografía sirva de algún modo para que todos dejemos de mirar hacia otro lado ante asistencias letradas manifiestamente ineficaces”, concluyó el autor.
