La sensación general de la mayor parte de los representantes de las asociaciones de jueces (tres de cuatro) y de fiscales (dos de tres) que asistieron ayer por la tarde a la reunión con el secretario de Estado, Manuel Olmedo, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Justicia, fue de bloqueo y decepción.
La principal conclusión que extrajeron los representantes fue clara: el Gobierno no retirará el proyecto de Ley Orgánica de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que seguirá su tramitación por la vía de urgencia parlamentaria, es decir, que no habrá comparecencias en la comisión de Justicia para que jueces, fiscales y operadores jurídicos expliquen sus puntos de vista, pros y contras.
A pesar de que el encuentro se desarrolló en un tono cordial y respetuoso, y de que se abordaron diversos aspectos del proyecto, las asociaciones calificaron el resultado de “insuficiente” y temen que el diálogo ofrecido por el Ministerio sea más una estrategia para “ganar tiempo” que una vía real de negociación.
Sin retirada del proyecto y con el calendario en marcha
Olmedo, en ese encuentro, reiteró que el proyecto no será retirado y que el proceso legislativo sigue su curso. El plazo para la presentación de enmiendas parlamentarias concluirá el próximo 13 de junio, una fecha que las asociaciones consideran demasiado próxima para una reforma de gran calado y escaso consenso.
“La impresión es que no se va a mover nada. Nos escuchan, pero no nos atienden”, resumió uno de los asistentes.
Concesiones parciales y aspectos “salvables”
El Ministerio sí planteó ciertos ajustes que podrían incorporarse o mantenerse en el texto final. Entre ellos destacan la supresión de la fase de sustitución obligatoria de cuatro meses tras la formación en la Escuela Judicial, una medida históricamente rechazada por las asociaciones judiciales, la regulación específica para los concursos de especialización en las jurisdicciones de mercantil y violencia sobre la mujer y un sistema de becas de acceso a la carrera judicial y fiscal con dos modalidades: una con dotación económica directa y otra ligada al ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos.
Estos puntos fueron valorados como “salvables”, pero no cambian el fondo de la crítica: la reforma sigue adelante sin incorporar las demandas esenciales del colectivo judicial y fiscal.
Estabilización de interinos: dudas y escepticismo
Uno de los aspectos más controvertidos fue el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, en respuesta a las exigencias de la Comisión Europea. El Ministerio aseguró que los planes no perjudicarán a los opositores del turno libre, se hará mediante concurso-oposición con examen, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, los opositores conservarán la prioridad en la elección de destino, el número de plazas seguirá creciendo (ya se habría duplicado desde 2018) y la selección seguirá siendo responsabilidad de los Tribunales Superiores de Justicia y del CGPJ, sin intervención del Ejecutivo.
Sin embargo, varias asociaciones expresaron dudas sobre el efecto real que tendrá esta estabilización, especialmente sobre la antigüedad de futuras promociones y la seguridad jurídica del proceso.
Financiación de asociaciones: fin de patrocinios, financiación pública
Otro de los ejes de la reunión fue la propuesta del Ministerio de suprimir los patrocinios privados a asociaciones judiciales, especialmente de empresas con causas abiertas, con el objetivo de reforzar la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.
Como compensación, se ofreció una vía de financiación pública complementaria a las cuotas de los asociados, lo que ha sido recibido con recelo por algunas asociaciones, preocupadas por su independencia.
Compromiso de diálogo… pero con reservas
El secretario de Estado expresó su voluntad de seguir dialogando y comparecer en futuras convocatorias que tengan como objetivo avanzar hacia un Estatuto Profesional de jueces y fiscales, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
No obstante, desde las asociaciones persiste la percepción de que el diálogo se ha convertido en un trámite formal sin efecto real en el contenido de la ley.
Un malestar que crece
En resumen, las asociaciones judiciales y fiscales reconocen algunos avances parciales, pero consideran que el núcleo del proyecto sigue siendo inaceptable.
La negativa a frenar su tramitación, unida a la falta de consenso técnico y político, alimenta el malestar de un sector clave del Estado. La cita con Olmedo no ha logrado calmar las aguas.
El próximo 13 de junio, con el cierre del plazo de enmiendas, se convertirá en una fecha clave para medir si el Ejecutivo está dispuesto a ceder o si, como temen los operadores jurídicos, ya lo ha decidido todo.
Olmedo se reunió también con portavoces del colectivo de juezas sustitutas y magistradas suplentes, integrado mayoritariamente por mujeres (80 % del total), para explicar el proceso de estabilización y su adecuación a las recomendaciones de la Comisión Europea.
