¿Qué ocurre cuando una pieza clave del engranaje judicial exige, con voz firme y argumentada, que se reconozca su verdadero papel en el sistema? La respuesta ha quedado clara esta semana en Zaragoza, donde los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) —figura tan imprescindible como poco visible— han tomado la palabra para reclamar lo que consideran justo: su protagonismo en la modernización de la justicia española.
Durante cuatro intensas jornadas, del 4 al 6 de junio, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) –la asociación mayoritaria de este cuerpo de funcionarios judiciales de élite– ha celebrado en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, en el corazón del casco histórico de Zaragoza, las XXXVI Jornadas de la Fe Pública Judicial con un propósito común: visibilizar su función esencial y poner negro sobre blanco las condiciones necesarias para que la justicia del siglo XXI no sea solo un discurso, sino una realidad tangible.
Allí 200 de sus miembros –cuenta con más de 1.500 afiliados– han analizado los retos que plantea la Ley Orgánica 1/2025, el impacto de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, la reorganización de los tribunales, la protección de datos, el teletrabajo, la conciliación o la reforma penal.
Lo han hecho con un enfoque propositivo, pero también con una claridad sin ambages: sin recursos, sin garantías de especialización y sin respeto institucional a su papel, los avances se quedarán a medio camino.
Y han cerrado el encuentro con doce puntos clave que trazan una hoja de ruta para una justicia más eficiente, digital y accesible, en la que el LAJ no es comparsa, sino columna vertebral. Son estos:
1. Inteligencia artificial sí, pero con estructura básica y formación
Los LAJ aplauden el impulso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito judicial —alineado con la Estrategia Nacional de IA— pero subrayan que para aprovecharlas se necesita una base sólida: digitalización completa de procedimientos, interoperabilidad de sistemas, automatización estadística y conexión real con el Sistema de Registro y Reparto Judicial (SIRAJ), una aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Justicia de España para gestionar de forma centralizada el registro de entrada de escritos y demandas, su reparto entre juzgados y tribunales, y el control estadístico de la actividad judicial.
La mención de los LAJ al SIRAJ se debe a que, en muchos casos, los datos deben introducirse manualmente, lo que genera sobrecarga de trabajo, duplicidades, posibles errores y pérdida de eficiencia. La implantación de un sistema de interconexión automática con las aplicaciones judiciales supondría un avance clave en la digitalización real de la Justicia.
Proponen además aplicar la IA generativa a tareas concretas, como el control de admisibilidad de los métodos adecuados de solución de controversias, y exigen planes estructurados de formación para el cuerpo de LAJ, especialmente en su rol de directores de la Oficina Judicial.
2. Reforma del proceso penal: rigor técnico y garantías, no improvisación
La proyectada reforma del proceso penal no puede obviar ni los principios que lo sustentan ni los derechos fundamentales que protege.
En este contexto, los LAJ reafirman su papel como garantes del control legal, documental y técnico-jurídico en todas las fases del procedimiento, desde la instrucción hasta la ejecución penal.
Piden que se preserve su presencia como pieza estructural del proceso penal frente a reformas que pueden debilitar su papel.
3. Violencia de género e infancia: exclusión inaceptable del LAJ en los planes de refuerzo
Los LAJ denuncian que los planes de ampliación de medios personales para las nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia no les incluyen.
Esta omisión, sostienen, es un error grave con efectos operativos y jurídicos directos, ya que sin su intervención se compromete tanto la eficacia del órgano judicial como la protección de los derechos de las víctimas.
4. Instrucción penal y Fiscalía: sin independencia, no hay garantía
El punto más polémico. Los LAJ rechazan que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción penal si antes no se garantiza su independencia del Ejecutivo.
En la situación actual, con una Fiscalía jerárquicamente subordinada al Gobierno, consideran que tal reforma sería una vulneración del principio de legalidad y de la separación de poderes consagrada en la Constitución.
La única vía legítima, insisten, pasa por reformar previamente el artículo 124.4 de la Carta Magna.
5. Oficinas judiciales y tribunales de instancia: una transición que debe reconocer el liderazgo del LAJ
La Ley Orgánica 1/2025 introduce tribunales de instancia y oficinas de justicia municipales.
En ese rediseño, los LAJ asumen funciones de coordinación y dirección, y exigen que se les reconozca como líderes del cambio.
Piden recursos suficientes, formación específica y un reconocimiento profesional acorde a su rol estratégico en la gestión del nuevo modelo organizativo.
6. La conciliación y los MASC: los LAJ como impulsores de una justicia menos saturada
La conciliación judicial, impulsada por la nueva ley, reduce la litigiosidad y fomenta acuerdos. Los LAJ reclaman protagonismo en esta tarea y exigen formación y medios para gestionar agendas dobles de conciliación.
Recuerdan que los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), como la mediación y la negociación, son obligatorios en ciertos procedimientos civiles y mercantiles, y que ellos orientan a las partes con profesionalidad. Subrayan: “Los jueces resuelven pleitos; nosotros podemos evitarlos”.
7. Tribunal Supremo: una carrera profesional que debe reconocer la responsabilidad
Los LAJ del Tribunal Supremo ejercen su función en el vértice institucional de la Justicia, pero no cuentan con un estatuto profesional ni con un régimen retributivo acorde con esa responsabilidad. Reivindican una reforma del sistema de acceso, condiciones y remuneración que permita atraer a los mejores profesionales y garantice la excelencia en la cúspide del sistema judicial.
8. Reforma judicial y CGPJ: tensiones institucionales que requieren coordinación y respeto al papel del LAJ
La reorganización judicial ha generado tensiones entre el Consejo General del Poder Judicial y el nuevo diseño impulsado por la Ley Orgánica 1/2025. Los LAJ subrayan la necesidad de una distribución clara y coherente de competencias, y piden que el Ministerio de Justicia asuma sus responsabilidades en esta transición.
En este contexto, el papel coordinador del LAJ —como engranaje entre oficinas, tribunales y operadores— debe ser entendido y respetado por el resto de actores del sistema.
9. Protección de datos: sin medios no hay garantías
En plena digitalización, los LAJ son los responsables de velar por el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
Sin embargo, denuncian que carecen de herramientas para anonimizar resoluciones y gestionar datos sensibles, lo que les impide cumplir con el artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Exigen formación continua en ciberseguridad y herramientas tecnológicas adecuadas.
10. Teletrabajo: flexibilidad con garantías y medios tecnológicos
La nueva normativa de teletrabajo, recogida en la Ley Orgánica 1/2025, ofrece a los LAJ la posibilidad de conciliar mejor su vida laboral y personal. No obstante, piden criterios claros, plataformas seguras y acceso igualitario a los recursos tecnológicos, para que esta modalidad no comprometa ni la productividad ni el servicio público.
11. Retribuciones variables: un acuerdo incumplido por el Ministerio de Justicia
Uno de los compromisos firmados tras la huelga de 2023 fue el desarrollo de un sistema de retribuciones variables real y transparente.
Los LAJ denuncian que el Ministerio no ha aplicado el criterio acordado —un 5 % sobre retribuciones fijas individuales, conforme a la Ley 15/2003— y critican que no se haya retomado el grupo de trabajo previsto. Reclaman una productividad que premie el rendimiento y la iniciativa, no una fórmula opaca e ineficaz.
12. Integración en los nuevos tribunales y especialización voluntaria: una línea roja
El proceso de acoplamiento del personal judicial a los tribunales de instancia, según los LAJ, presenta graves deficiencias en equidad y respeto a los derechos de los titulares.
Rechazan la llamada “confirmación forzosa” en servicios comunes, que obliga a los LAJ a aceptar destinos no elegidos. Reivindican que la especialización sea siempre voluntaria: “Ningún LAJ debe ser forzado a ejercer en jurisdicciones que no ha escogido libremente”. También exigen resolver con urgencia la atribución funcional de los Registros Civiles, aún indefinida.
Conclusión final
El mensaje que los Letrados de la Administración de Justicia han dejado en Zaragoza es contundente: la modernización del sistema judicial español no será posible sin su implicación, liderazgo y reconocimiento. Representan la garantía de legalidad, de gestión eficaz, de protección de datos y de resolución pacífica de conflictos. Pero su compromiso requiere que las instituciones respondan con hechos: recursos, reformas y respeto profesional.
“Somos parte indispensable de una justicia moderna, eficiente y ciudadana. Ya no se puede construir el futuro sin contar con nosotros”, concluyen.
