El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, ha promovido siempre la conveniencia de la creación de los tribunales de instancia, estructura colegiada de jueces, que debe funcionar coordinadamente con la oficina judicial que le da soporte y apoyo, y que estará dirigida por Letrados de la Administración de Justicia.
No es ni mucho menos algo nuevo, tiene más de 25 años, con la puesta en marcha de la oficina judicial en sedes como Burgos o Murcia, y hemos conocido diversos proyectos de distinto color político, que pretendían hacer evolucionar la idea inicial, hasta llegar a la Ley Orgánica 1/2025 que la materializa, reservando el ejercicio de la actividad jurisdiccional a los integrantes del poder judicial organizados en el tribunal, y la dirección de la oficina judicial y de los distintos servicios comunes a los letrados de la Administración de Justicia.
Efectivamente, implica una transformación de estructuras enorme, que venimos valorando a lo largo de este año para destacar desde el principio, que las cosas deben hacerse bien, que es un cambio muy difícil de gestionar, y que la calidad del proceso debía anteponerse a la prisa, en definitiva, que el plazo transitorio era irreal, y que no se puede poner en marcha una transformación de este calado sin garantizar, y sin tener la seguridad, de que la Administración de Justicia puede funcionar correctamente el día después.
Están en juego los derechos de los justiciables, de los profesionales que acuden a los tribunales, y de quienes trabajamos de puertas hacia dentro con la pretensión de que la Justicia siga mejorando.
Esta reforma debe contribuir necesariamente a generar mayor confianza, coordinación y centralización de recursos, pero lo que estamos percibiendo hasta ahora, es precisamente lo contrario, desconfianza de todos los afectados como consecuencia de una inexistente gestión del cambio, descoordinación en unas y otras sedes, dispersión de criterios, falta de garantías, demasiada prisa y solución de problemas de forma “atropellada” como venimos repitiendo.
Y mucho nos tememos, que de no hacerse bien las cosas, las ventajas de la nueva organización debe aportar, se puedan ver frustradas como consecuencia de una incorrecta puesta en marcha.
MASC
Lo mismo ha pasado con la otra medida estrella de la reforma, en este caso procesal; la puesta en marcha precipitada de los MASC está creando efectos perniciosos, destacados por todos los usuarios, totalmente contrarios a lo que se pretendía en el proyecto.
Los Letrados de la Administración de Justicia hemos reiterado la conveniencia de aplicar una prórroga de unos meses, el CGPJ y los decanos advierten de la “falta de preparación” de los juzgados para adoptar el nuevo modelo.
Hay preocupación en el resto de usuarios. Por eso no nos sorprende que el Ministerio de Justicia abra la puerta a conceder una prórroga a las Comunidades Autónomas que así lo soliciten en la Conferencia Sectorial, el órgano de cooperación entre el Estado y las CC.AA. con competencias transferidas en esta materia que ha convocado para el próximo día 22 sobre la implantación definitiva de los Tribunales de Instancia.
El principal objeto de la reunión será ese, la valoración de la puesta en marcha de la tercera y última fase de implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, prevista para el próximo 31 de diciembre.
Expresamente se dice que “si los consejeros y consejeras de las Comunidades con la competencia transferida solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido concreto al amparo de lo previsto en la propia ley, el Ministerio lo apoyará«.
«Insistimos en que la prudencia debe ser esencial, que debe asumirse un proceso como este con criterio, y que el retraso en unos meses, previsto en la propia LO 1/2025 no es traumático, que la garantía de éxito debe anteponerse a las prisas y que no es bueno pretender poner en marcha un proyecto como este “como sea”.
Es el momento de hacer un ejercicio de sensatez y de prudencia, para evitar que el interés político se superponga a la realidad práctica; hay que modular el esfuerzo que se está haciendo y asegurar que el cambio se va a gestionar bien, por lo que el propio Ministerio de Justicia también debería asegurarse de que “está todo a punto para esa fecha y se prevé que así sea en la práctica totalidad del territorio”.
Lo que ahora podemos decir es que en todo el territorio nacional, transferido o no, hay muchas cosas por hacer; el llamado “acoplamiento” de los Letrados de la AJ y resto de personal, sigue sin acabar de formalizarse, el proceso está siendo tedioso y carente de garantías, lo que está generando desconfianza y recursos judiciales de los afectados frente a los decisiones irregulares que se han adoptado lo que va a generar serios inconvenientes.
La estructura de la oficina y los protocolos de funcionamiento se están empezando a publicar a quince días de la puesta en marcha, cuando deberían haber estado hace más de seis meses, lo que supone que se desconozca cómo se va a organizar el trabajo, dónde tenemos que incorporarnos el día 2 de enero, qué asuntos asumir y con qué equipos.
Los protocolos son deficientes, tienen versiones estándar, sin considerar las peculiaridades de cada sede y, lo que es esencial, sin definir el modo en la que se va a relacionar el tribunal con la oficina judicial, quizás el tema técnicamente más delicado.
Por supuesto que no hay instalaciones adecuadas, ni se han hecho los traslados físicos a tiempo, en muchos casos de expedientes judiciales en papel, lo que va a provocar retrasos y posibles pérdidas de documentos, sobre todo, en la jurisdicción penal, que es la más retrasada en su digitalización.
Y tampoco tenemos constancia de cómo se han hecho los desarrollos informáticos que asuman el nuevo organigrama para ubicar a cada usuario, y asignar los nuevos roles, ni que estén suficientemente probados para garantizar su adecuado funcionamiento el día de la puesta en marcha.
Naturalmente, siguen siendo aplicativos propios de cada CCAA, adaptados a los diferentes sistemas de gestión procesal.
Ante esta realidad, insistimos en que la prudencia debe ser esencial, que debe asumirse un proceso como este con criterio, y que el retraso en unos meses, previsto en la propia LO 1/2025 no es traumático, que la garantía de éxito debe anteponerse a las prisas y que no es bueno pretender poner en marcha un proyecto como este “como sea”.
