El despliegue de la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo ha expresado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), cuya Junta Ejecutiva decidió el martes, por unanimidad, pedir al Ministerio de Justicia que frene la Fase III durante al menos seis meses.
Según alertan, seguir adelante con el calendario previsto podría abocar a los juzgados españoles a “una situación caótica”.
La solicitud, remitida conjuntamente por el CNLAJ y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), se apoya en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 1/2025, aunque deja margen para que el Ministerio recurra a cualquier otro mecanismo que permita rediseñar los tiempos.
El mensaje es claro: continuar sin cambios “sería una imprudencia grave”.
El CNLAJ denuncia que el proceso de acoplamiento de los letrados de la Fase III ni siquiera ha comenzado en ningún territorio y que persisten importantes dudas sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo, muchas de las cuales requieren ajustes para corregir errores anteriores.
A ello se suma la falta de una resolución definitiva que establezca las normas de acoplamiento y la ausencia de nombramientos esenciales: directores, adjuntos, jefes de área y responsables de equipo siguen sin designarse en las comunidades más pobladas. La misma incertidumbre afecta a los funcionarios de los Cuerpos Generales.
Según el Colegio, la implantación se está llevando a cabo sin criterios uniformes, sin transparencia y sin la documentación mínima imprescindible. No hay protocolos ni manuales de organización, y la estructura que se intenta imponer parece responder más a decisiones improvisadas que a una planificación coherente. Lo más preocupante, añaden, es que la propia reforma legislativa no obliga a implementar este modelo con la prisa que está mostrando el Ministerio.
Uno de los puntos más controvertidos es el acoplamiento de los letrados. El CNLAJ sostiene que este procedimiento carece de una regulación detallada y que, además, introduce cambios significativos respecto a anteriores implantaciones de la Nueva Oficina Judicial.
ESPECIALIDADES PROFESIONALES
La posible eliminación de las especialidades profesionales —una de las cuestiones que más inquietud genera— supondría, a su juicio, un golpe directo a la carrera profesional y una merma en la eficiencia del sistema. De no rectificarse, el proceso podría derivar en un escenario de “auténtico caos” y en la vulneración de derechos consolidados.
Las quejas que reciben a diario reflejan ese malestar: traslados forzosos con un fuerte impacto personal, concursos de méritos publicados sin explicar cómo se han valorado, asignación de guardias a profesionales que antes no las realizaban y un riesgo creciente de desaparición del derecho a la especialización, que limitaría cualquier avance horizontal o vertical en la carrera.
A esta falta de organización se añaden problemas materiales y tecnológicos. El CNLAJ recuerda que no se han adecuado los espacios de trabajo, que los sistemas de gestión procesal de las distintas comunidades no están preparados para la nueva estructura y que tampoco se han configurado los permisos de acceso a Punto Neutro Judicial ni a las aplicaciones del Ministerio o de las administraciones autonómicas. La ausencia de formación específica para letrados y funcionarios agrava todavía más un escenario que califican de “alarmante”.
Ante este panorama, el CNLAJ anima a los profesionales a pedir por escrito instrucciones precisas sobre sus próximos destinos y funciones, para resguardar sus derechos y, si fuera necesario, iniciar las reclamaciones administrativas o judiciales oportunas.
El Colegio advierte de que la Justicia española puede verse inmersa en una inestabilidad seria si se mantiene el calendario fijado para el 1 de enero. La LO 1/2025 ofrece mecanismos para evitarlo, recuerdan, y es el momento de utilizarlos. Por eso insisten en que el Ministerio debe actuar cuanto antes.
