“Ahora mismo, tal y como estamos, es cierto que se está vulnerando el derecho de todos a la igualdad. Hoy hay dos justicias: una para quien puede pagarla y otra para quien no puede”, así lo aseguró Ángel Méndez Bernal, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, en su intervención en la mesa redonda “Los retos de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”, celebrada durante las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía.
Méndez Bernal centró su discurso en los problemas reales que arrastra el turno de oficio: precariedad retributiva, desigualdad territorial y falta de apoyo institucional.
“Los que no tienen medios económicos ven obstaculizado su acceso a la justicia, y eso atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, subrayó. “Vamos a intentar acabar de una vez con la injusticia gratuita”, insistió.
Uno de los aspectos más críticos de su intervención fue la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que incorpora los MASC (Métodos Adecuados de Solución de Conflictos) al sistema de justicia gratuita.
Aunque la norma los exige como paso previo a muchos procedimientos, no contempla su retribución en el territorio común. “Nos obligan a hacer el trabajo, pero no prevén cómo pagarlo. Ni para los abogados ni para los colegios”, denunció. “Estamos absolutamente vendidos en el territorio común”.
Mientras comunidades como Madrid, Andalucía o Canarias han aprobado módulos específicos, el Ministerio de Justicia sigue sin dar respuesta. “Nos exigen más, pero no nos dan ni medios ni soluciones. Y eso no solo es injusto, es insostenible”.
El artículo 42 del Reglamento, una trampa burocrática
También abordó el bloqueo administrativo generado por la interpretación del artículo 42 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita y la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 2021.
“Tenemos derecho a cobrar por nuestras actuaciones, aunque no se reconozca la justicia gratuita, si hemos sido designados judicialmente. Pero se nos exige haber presentado una jura de cuentas y, además, un contrato suscrito con el cliente”, explicó. “¿Cómo vamos a tener un contrato si somos abogados de oficio?”, se preguntó.
Méndez calificó esta exigencia como “inviable” y propuso una solución sencilla: “Que se sustituya por una declaración responsable del abogado en la que certifique que no ha percibido honorarios porque el cliente es insolvente. Así de sencillo”.
En su análisis, Méndez denunció también las diferencias retributivas entre comunidades. “El llamado territorio común parece tener una maldición”, ironizó. “Un procedimiento de familia contencioso se paga con 654 euros en el País Vasco y con solo 291 en el territorio común. ¿Dónde está la igualdad?”.
“No se trata de bajar a quienes están mejor pagados, sino de equiparar a quienes están peor”, defendió. “El objetivo debe ser claro: que todos los letrados y letradas del turno perciban, como mínimo, el importe máximo que se paga en algún territorio”.
Ángel Méndez concluyó con un mensaje firme y emocional: “El acceso a la justicia en condiciones de igualdad es la piedra angular del Estado de Derecho. Si se vulnera, si no se remunera dignamente a quienes lo garantizan, si se les exige lo imposible… entonces el sistema se tambalea”.
Y remató: “Nosotros seguiremos trabajando. Con ánimo. Con ganas. Porque somos la abogacía del turno de oficio. Porque somos los abogados del pueblo”.
Filomena Peláez, sobre la nueva ley de asistencia jurídica gratuita: “No queremos ser invitados, queremos ser parte activa”
Filomena Peláez, presidenta de la Comisión Especial sobre la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), defendió con firmeza el papel protagonista que debe tener la Abogacía en el diseño de la futura norma: “No queremos ser unos invitados más ni unos observadores. Queremos ser parte activa. Ofrecemos nuestro trabajo, pero no venimos a hacernos una foto”.
Durante su intervención en las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, Peláez explicó que la comisión se constituyó en septiembre de 2024 con el objetivo de abordar “de forma exclusiva y especializada” los retos de la nueva ley, elaborando propuestas técnicas concretas a partir de comparativas con sistemas europeos, aportaciones de colegios, consejos autonómicos y asociaciones.
“Queremos una ley útil, realista, que incorpore nuestras reivindicaciones históricas, muchas de ellas pendientes desde 1996”, afirmó.
Entre las propuestas ya trasladadas al Ministerio de Justicia destacan mejoras en la financiación, la actualización automática de baremos, el reconocimiento de nuevas actuaciones y el pago universal por designación colegial, incluso cuando no se reconoce el derecho a la justicia gratuita.
Peláez denunció también la desigualdad de trato entre territorios: “En Cataluña o la Comunidad Valenciana se abonan actuaciones sin cobertura; en el territorio común, simplemente se nos impone”.
Y fue tajante al reclamar una solución para la retribución de los MASC: “¿Otra vez vamos a trabajar sin cobrar? No puede ser así. Si hay acuerdo, pagáis. Si no lo hay, también debéis pagar. Es lo justo”.
Finalmente, aseguró que seguirán trabajando con “rigor, consenso y determinación”. “Tenemos propuestas serias, sensatas y trabajadas. Lo que pedimos al Ministerio es que se ponga en nuestros zapatos y escuche con voluntad real de cambiar las cosas”, concluyó.
