La Unión Progresista de Fiscales (UPF) arremetió ayer contra el auto de transformación de procedimento abreviado dictado por el magistrado Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, afirmando que se basa en “meras elucubraciones”, sin prueba ni sustento jurídico real.
“Dedica 53 páginas a dar vueltas sobre sospechas, sin que exista un solo indicio sólido que justifique sentar en el banquillo a dos fiscales con funciones jerárquicas”, advierte la asociación, de la que el fiscal general del Estado encausado, Álvaro García Ortiz, fue portavoz y miembro relevante.
Uno de los puntos más criticados en su comunicado es la afirmación de que García Ortiz actuó siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno.
La UPF lo tacha de conjetura sin base: “No hay ninguna motivación, prueba o indicio que respalde esa afirmación. Es, simple y llanamente, una construcción especulativa”.
Además, la asociación recuerda que los correos electrónicos cuya divulgación se imputa a ambos fiscales ya estaban en poder de varios medios de comunicación “al menos 31 horas antes” de que llegaran a la Fiscalía General del Estado.
En este contexto, la finalidad de la nota de prensa —que recoge parte de esos correos— fue, según la UPF, “informar a la opinión pública y desmentir un bulo que atacaba frontalmente la profesionalidad e independencia de los fiscales implicados”.
Advertencia sobre el precedente
Para la UPF, el mayor riesgo de esta resolución es el precedente que sienta: “A partir de ahora, una estrategia posible será colocar a los fiscales en el punto de mira”.
No se trata, dicen, de una defensa corporativa, sino de una cuestión institucional: “Esto no va de aferrarse a un cargo, sino de resistir para proteger a la institución y a quienes la integran”.
La asociación insiste: “El Estado de Derecho exige garantías. Nadie puede ser procesado porque un juez tenga una convicción personal o vea en su relato ‘una alternativa posible’. La instrucción debe acreditar indicios claros y excluyentes. De lo contrario, no hay justicia, hay arbitrariedad”.
El comunicado cierra con un respaldo explícito a Pilar Rodríguez: “Todo nuestro apoyo, solidaridad y compromiso en tu defensa, en todos los ámbitos”. Un mensaje firme que subraya la gravedad con la que la carrera fiscal interpreta este proceso.
