La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central a paralizar sus reformas de la Justicia en marcha por atentar contra la independencia judicial y la separación de poderes consagrados en la Constitución Española.
En concreto, el Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles la petición formal para solicitar la retirada del Proyecto de Ley que modifica el acceso a la carrera judicial porque “no atiende a los principios de igualdad, mérito y capacidad y promueve un acceso arbitrario a la judicatura”; y la paralización del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se modifica también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, porque “en vez de otorgar mayor autonomía a los fiscales, da un poder absoluto al fiscal general del Estado y amenaza con entregar la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía”.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “estos proyectos en materia de Justicia suponen un asalto evidente a la independencia del Poder Judicial, un ataque indisimulado a nuestro Estado de derecho que socava uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la Constitución Española y pone en peligro el régimen de libertades y convivencia que los españoles nos dimos en 1978”.
“Estas reformas no obedecen a otra cosa que a tapar los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al presidente y tratar de evitar que la Justicia no investigue”, ha ahondado el portavoz del Ejecutivo regional.
Madrid apoya el acuerdo del Tribunal Supremo
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) aprobó ayer mismo por unanimidad un acuerdo en el que se suma a la «extendida inquietud» por la reforma anunciada por el Ejecutivo sobre la reforma del acceso a la carrera judicial, defendiendo el actual modelo al considerar que este «garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional». Es más, hoy mismo las principales asociaciones de jueces y fiscales han realizado un paro frente a las sedes judiciales para manifestar su oposición a estas reformas.
Además, García Martín ha recordado que esta semana el propio Tribunal Supremo ha abierto la fase de preparación de juicio oral contra el fiscal general del Estado por saltarse la ley que juró proteger y utilizar presuntamente la institución con fines partidistas. “Esto le deja al borde del banquillo, por primera vez en nuestra democracia; debe dimitir o ser cesado de inmediato”, ha afirmado.
También la Comisión Europea, en un escrito remitido al Tribunal de Justicia de la UE, califica la Ley de Amnistía como de “autoamnistía”. Sostiene, la Comisión Europea, que no responde a un objetivo de interés general y que vulnera principios básicos del Estado de derecho, como el de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
