La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de siete años y seis meses de prisión para cada uno de los once acusados, entre ellos un guardia civil y dos policías nacionales, por un delito de tráfico de drogas tras introducir en España 367 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Colombia.
En la sentencia, dictada este viernes, el Alto Tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por las defensas, basados en supuestos quebrantamientos de forma, infracciones de ley e infracciones constitucionales.
El fallo ratifica íntegramente la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya había rechazado previamente los recursos.
Los cinco magistrados firmantes concluyen que no existieron incidencias en la cadena de custodia de la prueba ni situaciones de indefensión para los acusados, respaldando el proceso seguido por los órganos judiciales inferiores.
La resolución de instancia, de fecha 11 de abril de 2024, atribuye a todos los implicados una participación equivalente en los hechos y les impone, además de la pena privativa de libertad, una multa de 45 millones de euros.
La Fiscalía solicitaba inicialmente ocho años de prisión.
Según se considera probado, los condenados eran destinatarios mediatos de la droga y tenían plena disponibilidad sobre la misma.
La investigación se inició tras una alerta de la Fiscalía Nacional de Colombia, que informó de un posible envío ilícito con destino a España. A raíz de esta alerta, la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional abrió diligencias y coordinó la operación conjunta.
El cargamento fue remitido desde un puerto colombiano el 19 de agosto de 2022 en un contenedor declarado legalmente como transporte de piñas. El buque atracó en el puerto de Málaga el 7 de septiembre de 2022, y el contenedor fue trasladado en camión hasta Dos Hermanas (Sevilla).
Durante el trayecto, agentes de la Policía Nacional —camuflados— siguieron discretamente el vehículo.
Según los hechos probados, dos policías nacionales y un tercer acusado custodiaban el recorrido desde otro coche, vigilando la zona y el entorno.
Una vez descargada la mercancía legal, los acusados se dirigieron con el camión a una nave industrial en Carrión de los Céspedes, donde se produjo la intervención policial. Allí se intervinieron 367.806,85 gramos de cocaína con una pureza media del 79,12 %, cuyo valor oscila entre más de 14 millones de euros en venta al por mayor, más de 37 millones al por menor, y 88 millones por dosis.
La sentencia, ya firme, cierra una investigación con ramificaciones internacionales y subraya la gravedad del delito cometido por personas que, en algunos casos, ocupaban cargos en cuerpos de seguridad del Estado.
