El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha remitido hoy una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, así como a las asociaciones judiciales convocantes de la huelga en la Administración de Justicia, para trasladar su profunda preocupación por las consecuencias que esta situación pueda tener sobre la actividad profesional de la abogacía y sobre los derechos de la ciudadanía.
En dicha comunicación, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, solicita que se adopten medidas urgentes y eficaces para garantizar que abogados, abogadas y usuarios del sistema judicial sean informados con antelación suficiente sobre la suspensión o el mantenimiento de actuaciones judiciales programadas, evitando así perjuicios derivados de anulaciones inesperadas de vistas, señalamientos o diligencias, o de la falta de comunicación por parte de los órganos judiciales.
“Esta actuación se enmarca en la labor permanente del Colegio por proteger los derechos e intereses de la abogacía madrileña, asegurar el correcto ejercicio del derecho de defensa y preservar el acceso a una Justicia eficaz para la ciudadanía”, explica Ribón.
Preocupación institucional
Junto a esta reivindicación operativa, el ICAM ha querido poner de relieve su preocupación institucional ante el actual contexto de conflicto, reiterando su “rotundo compromiso con la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial”, principios que, según el decano, “no son teóricos, sino los pilares reales de nuestra democracia”.
Con motivo de la huelga en el ámbito judicial, el ICAM ha habilitado un formulario específico en su canal de Defensa de la Abogacía para que los colegiados puedan comunicar incidencias, como la incomparecencia injustificada de jueces o magistrados.
La institución ha reiterado su disposición a colaborar con el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales y demás actores implicados, con el fin de minimizar el impacto de la huelga en el servicio público de Justicia.
