Opinión | Pasarela al RETA: las propuestas de la Mutualidad para una transición ordenada

El sistema de mutualidades —consolidado, regulado por ley y elegido por miles de profesionales de distintos sectores en España— constituye una vía legítima y eficaz para el cumplimiento de las obligaciones de previsión social en nuestro país.

Este enfoque ha permitido ofrecer, durante décadas, respuestas ajustadas a las necesidades de cada persona.

Sin embargo, desde hace aproximadamente dos años estamos siendo testigos de un debate complejo, suscitado por un determinado colectivo de mutualistas alternativos que, no satisfechos con su capital de jubilación esperado, solicitan el traspaso de sus fondos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la denominada “pasarela al RETA”.

Durante estos dos años se ha avanzado muy poco en la definición de una solución que dé salida a la demanda de estos mutualistas, una tarea nada sencilla por el equilibrio que exige para satisfacer las demandas de las distintas partes implicadas.

En noviembre del año pasado se dio un paso importante con la presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de una proposición de ley que pretende regular esta cuestión.

Un texto que ha estado bloqueado durante meses y que, finalmente fue tomado en consideración en el Pleno del Congreso a principios de mayo, lo que supone dar luz verde a un proceso que se antoja largo y que va a requerir de buenas dosis de diálogo y voluntad de acuerdo si realmente se desea que llegue a buen puerto.

PROPUESTAS DE LA MUTUALIDAD

Desde Mutualidad celebramos este avance, aunque consideramos esencial que cualquier iniciativa normativa en este sentido respete tres principios básicos: seguridad jurídica, libertad de elección y viabilidad económica del sistema.

Con el fin de contribuir activamente al proceso, hemos trasladado una serie de propuestas orientadas a lograr ese equilibrio y mejorar la propuesta inicial.

En primer lugar, desde Mutualidad defendemos la continuidad del modelo de alternatividad, un modelo que la proposición de ley pretende eliminar a partir de 2027 y con lo que estamos totalmente en contra, pues supone privar de la libertad de elección de un sistema, el mutualismo, con una fiabilidad, validez y solvencia demostradas.

Frente al sistema público, el mutualismo alternativo ofrece a los profesionales la posibilidad de gestionar su previsión social de una manera flexible y adaptada a sus necesidades, salvaguardando el derecho a planificar la previsión social de forma libre.

Asimismo, proponemos que los fondos acumulados por quienes opten por integrarse en el RETA continúen gestionándose por la entidad hasta que se produzca el hecho causante (la jubilación o una situación de incapacidad).

Esta solución, compatible con la normativa vigente, permite evitar desinversiones en operaciones en curso que impacte negativamente en las inversiones y rentabilidad esperada para el resto del conjunto de mutualistas.

«El verdadero reto legislativo no pasa por desmantelar un sistema de probada solidez, sino por diseñar una transición —para quien así lo desee— técnicamente rigurosa, jurídicamente viable y socialmente equilibrada».

Por otro lado, consideramos que el traspaso de fondos debería quedar exento de tributación, evitando una penalización fiscal que podría distorsionar la decisión del mutualista y generar inseguridad jurídica.

A ello se suma la necesidad de establecer un mecanismo de complemento a mínimos para aquellos mutualistas cuyo capital de jubilación transformado en renta vitalicia resultante quede por debajo de la pensión mínima reconocida por la Seguridad Social, de manera que quienes haya optado por una mutualidad como mecanismo de previsión social estén en igualdad de condiciones frente a quienes haya optado por el sistema público.

PROTEGER A TODOS

Estas medidas buscan no solo proteger a quienes desean acogerse a la pasarela, sino también garantizar que quienes decidan permanecer en el sistema mutualista puedan hacerlo sin que vean alteradas sus condiciones, aportaciones o derechos acumulados.

Nuestros datos avalan esta posición. A cierre de 2024, la entidad registraba una ratio de solvencia del 249% y gestionaba un volumen de patrimonio superior a los 11.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente dos tercios corresponden a ahorro complementario, para el que el mutualismo representa una excelente opción.

Las soluciones de ahorro ofrecidas obtuvieron una rentabilidad media del 4,13% durante el último ejercicio, lo que refuerza la capacidad de Mutualidad para cumplir con sus compromisos, sin importar el modelo escogido.

En definitiva, el verdadero reto legislativo no pasa por desmantelar un sistema de probada solidez, sino por diseñar una transición —para quien así lo desee— técnicamente rigurosa, jurídicamente viable y socialmente equilibrada.

El diálogo institucional entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los partidos políticos, los grupos afectados y las mutualidades de previsión social debe perseguir el consenso, la transparencia y el compromiso compartido.

Desde Mutualidad, reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la colaboración con las distintas partes implicadas para dar una solución realista y sostenible que dote de seguridad jurídica y responda no solo a las demandas de los mutualistas alternativos afectados, sino de las demás partes implicadas, a la vez que se salvaguarda un modelo de previsión social que ha demostrado ser un eficaz ejemplo de colaboración público-privada durante décadas.

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