El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, así se lo comunicó ayer a las asociaciones de jueces y fiscales. Foto: Confilegal.
El Ministerio de Justicia pide al CGPJ que confirme que los jueces no tienen derecho a huelga
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24/6/2025 00:45
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Actualizado: 23/6/2025 23:25
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El Ministerio de Justicia ha solicitado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirme si mantiene el criterio expresado en 2009, cuando consideró que los jueces y magistrados no tienen derecho a huelga conforme a la legislación vigente.
Esta petición se produce en un momento de creciente tensión con varias asociaciones judiciales, algunas de las cuales han anunciado la posibilidad de convocar paros en protesta por la reforma de la carrera judicial.
La solicitud fue comunicada ayer por la tarde a los representantes de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales durante una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.
En el encuentro, que el Ministerio calificó después de “constructivo y respetuoso”, se han abordado tanto los detalles técnicos de la reforma como las implicaciones jurídicas del anuncio de huelga.
Según el Ministerio, existe una “incertidumbre jurídica” ante la eventual convocatoria, por lo que ha considerado necesario recurrir al CGPJ para que, como órgano de gobierno de los jueces, aclare si sigue vigente el criterio expresado el 9 de febrero de 2009.
En aquella ocasión, el Consejo concluyó que el derecho de huelga no es aplicable a jueces y magistrados, debido al principio de independencia judicial y la prohibición de injerencias externas que establece la Constitución.
En concreto, el CGPJ señaló entonces que “la legislación española no reconoce el derecho de huelga a los miembros del Poder Judicial”, y dio por no convocada una huelga declarada por asociaciones judiciales. Justicia pretende ahora que el órgano ratifique si esta interpretación continúa vigente ante el nuevo escenario planteado.
Reforma judicial y oposición de asociaciones
Este movimiento se enmarca en el contexto de la tramitación de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, impulsada por el Gobierno.
Una de las medidas más discutidas de la reforma es el proceso de estabilización de jueces sustitutos, al que se oponen tres de las cuatro asociaciones de jueces (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), al considerar que puede afectar a la carrera profesional de los jueces de carrera.
Como protesta, estas asociaciones, junto con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio próximos, huelga que el 28 de junio vendrá precedida por una convocatoria de concentración en la Plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo.
El Ministerio reiteró en la reunión de ayer con los representantes de las asociaciones que las críticas a la mencionada ley carecen de fundamento.
Según explicó, el proceso de estabilización consistirá en un concurso-oposición basado en los principios de mérito y capacidad, y quienes accedan por esta vía lo harán en condiciones distintas a las del sistema ordinario de ingreso: ocuparán puestos al final del escalafón y no podrán concursar durante cinco años.
El Ministerio calcula que se cubrirán 1004 plazas por esta vía. Serán 673 plazas para jueces sustitutos y 331 para fiscales sustitutos.
Además, se recordó que el ascenso en la carrera judicial será automático cada cinco años, conforme a la nueva normativa, lo que, según el Ministerio, garantiza que el ingreso de nuevos miembros no perjudicará a los actuales.
También se subrayó subrayado que la falta de plazas, otro de los argumentos esgrimidos por las asociaciones, se está abordando mediante la creación de 1.440 nuevas plazas en los próximos tres años.
El fondo del conflicto: independencia y función pública
La raíz jurídica del debate sobre el derecho de huelga de los jueces se basa en que, a diferencia de otros funcionarios públicos, los jueces y magistrados no son empleados públicos ordinarios, sino titulares de un poder del Estado.
Su sujeción a los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad política, según el criterio del CGPJ y del propio Ministerio, sería incompatible con el ejercicio de medios de presión colectivos como la huelga, que podrían comprometer el funcionamiento regular de la Justicia.
A la espera de la respuesta del CGPJ, el Ministerio ha querido actuar con rapidez para evitar incertidumbres jurídicas y preservar la estabilidad institucional. “El respeto a la legalidad y al principio de separación de poderes debe estar por encima de cualquier reivindicación legítima”, ha señalado fuentes ministeriales.
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