El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reiterado su rechazo frontal a la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer contemplada en la Ley Orgánica 1/2025, por considerar que esta reordenación territorial de competencias perjudica directamente a las víctimas.
A través de su Comisión de Igualdad, presidida por Marga Cerro, y de la Subcomisión de Violencia, encabezada por Fernando Rodríguez Santocildes, la Abogacía ha advertido del impacto que tendría permitir que determinadas secciones de los nuevos Tribunales de Instancia amplíen su jurisdicción más allá de su partido judicial.
Así lo ha reflejado en las enmiendas presentadas a la Ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, donde solicita la supresión expresa del precepto que lo habilita.
“La reforma abre la puerta a que los asuntos de violencia contra la mujer se concentren en las capitales de provincia —o incluso fuera de ellas— forzando a las víctimas a desplazamientos largos en momentos críticos”, ha alertado Cerro.
La advertencia no es nueva. En las XII Jornadas de Abogadas y Abogados de Violencia de Género, celebradas en Toledo en septiembre del año pasado, ya se señaló el riesgo de alejar la justicia del entorno de las víctimas, rompiendo con el principio de proximidad que debe regir en esta materia.
Para la Abogacía, cualquier rediseño de la planta judicial debe estar guiado por tres criterios fundamentales: accesibilidad, equidad territorial y protección real de quienes sufren violencia de género.
Desde la Subcomisión especializada, Rodríguez Santocildes ha sido claro: “Esta medida no solo es ineficaz, sino profundamente injusta. El derecho a una justicia cercana y especializada no es negociable”.
Según el también decano del Colegio de la Abogacía de León, concentrar procedimientos en las capitales atenta contra los principios de inmediación y cercanía, y pone en riesgo el acompañamiento jurídico integral a las víctimas.
León es ejemplo de lo que viene: a finales de año, el juzgado de violencia sobre la mujer de la capital asumirá también los casos de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún, lo que ha generado un rechazo rotundo en el colectivo profesional, por los efectos sobre el turno de oficio y la unidad de defensa.
No es un caso aislado. El Colegio de Abogados de Oviedo ha criticado la comarcalización prevista para su demarcación, que obligaría a víctimas de varios concejos a acudir a Gijón.
Por su parte, el Colegio de A Coruña ha ido más allá: ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422/2025, por ampliar la jurisdicción de Santiago a Noia, Ribeira y Muros (arts. 6 y 1-F).
La oposición es nítida y argumentada: la centralización de juzgados de violencia de género no es solo un error organizativo, es un paso atrás en derechos fundamentales. Y la Abogacía no está dispuesta a ceder terreno.
