El fiscal jefe de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha puesto en marcha una investigación nacional que podría acabar con alcaldes en el banquillo. Su objetivo: determinar si los consistorios han cumplido con su obligación legal de elaborar planes de prevención contra incendios forestales.
La orden, enviada el pasado lunes a todos los fiscales provinciales del área, es tajante. Vercher considera «evidente» que la oleada de incendios que azota España este agosto se debe a «la ausencia o aplicación improcedente» de estas medidas preventivas obligatorias.
«De lo contrario no se explica lo que está pasando», sentencia en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Responsabilidades penales sobre la mesa
Los fiscales provinciales deberán ahora comprobar municipio por municipio si existen estos planes de prevención. Cuando no los haya, tendrán que evaluar si procede exigir responsabilidades penales a quienes tenían la «obligación» de elaborarlos. En casos donde la conducta no alcance el umbral del delito, se informará a la administración competente para que imponga las sanciones correspondientes.
La medida no surge de la nada. La Fiscalía Especializada lleva años enviando escritos a la red de fiscales delegados para adoptar medidas preventivas contra incendios. Ya en febrero de 2024, aprovechando «la situación de sequía recurrente» y las «previsibles altas temperaturas», Vercher retomó el tema con especial insistencia.
La base legal es sólida. La Ley de Montes establece de forma expresa que «las comunidades autónomas ante el riesgo de incendios forestales elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales». Una obligación que, según la Fiscalía, no se está cumpliendo adecuadamente.
Mapeo con drones y colaboración policial
La estrategia incluye herramientas tecnológicas. En febrero, la Fiscalía pidió al Seprona de la Guardia Civil, a los agentes forestales y a la Red de Policía Local que utilizaran drones en zonas de riesgo para realizar un «mapeo del territorio». El objetivo: identificar puntos que por su orografía, superficie forestal y temperatura presenten un riesgo alto o medio de incendio.
Vercher reconoce la complejidad del fenómeno. «Los incendios forestales raramente tienen una sola causa», admite, y señala que factores como «el debate político» o «diferentes interferencias extrañas» complican la situación. Sin embargo, subraya que el Ministerio Fiscal tiene una «obligación de objetividad e imparcialidad» reconocida en el artículo 124 de la Constitución que le exige actuar.
Marco legal claro
La base legal es sólida. La Ley de Montes establece de forma expresa que «las comunidades autónomas ante el riesgo de incendios forestales elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales». Una obligación que, según la Fiscalía, no se está cumpliendo adecuadamente.
El fiscal jefe contextualiza el problema recordando que «la temática ambiental tiene menos de medio siglo de existencia», aunque los incendios forestales ya figuraban «de antaño» en el Código Penal como «delitos contra la propiedad». «Nada que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad», precisa.
La investigación arranca en un momento crítico, con una «situación desastrosa» que Vercher considera innecesario detallar por estar «ampliamente cubierta por los medios de comunicación». Los resultados de esta actuación fiscal podrían marcar un antes y un después en la exigencia de responsabilidades por la gestión preventiva de incendios forestales en España.
