Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense durante casi una década (de 2016 a 2025), un espacio académico con más de 8.000 miembros y considerada la mayor de España. Desde marzo de este año era el director de la Escuela Práctica Jurídica de la esa misma universidad pública.
Ahora afronta un reto distinto pero igual de ambicioso: ponerse al frente de la nueva Universidad del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el más grande de Europa, con 77.000 colegiados.
La iniciativa nace como centro adscrito a la Complutense, con vocación de trasladar lo mejor de la experiencia pública al terreno privado. Está previsto que vea la luz en septiembre de 2026 y en una sede supercéntrica: Serrano, 11, en el distrito del barrio de Salamanca, en pleno centro de Madrid.
La «receta» de Ricardo Alonso García combina varias claves: mantener la seriedad académica del plan de estudios aprobado, blindar la selección de profesorado frente a la endogamia mediante una comisión independiente y reforzar la conexión práctica gracias a miles de profesionales dispuestos a compartir experiencia en el aula.
El objetivo no es competir con lo público, insiste, sino situar a Madrid a la cabeza de la enseñanza jurídica privada, con un pie en Europa —donde se debaten cuestiones clave como el secreto profesional de los abogados de empresa— y otro en Iberoamérica, con la que asegura tener una relación de décadas.
En su visión, los futuros juristas deberán aprender a equilibrar teoría y práctica, pero también a convivir con los desafíos del presente: la irrupción de la inteligencia artificial, la diversidad económica de los estudiantes o la necesidad de formar profesionales técnicamente brillantes pero también tolerantes y democráticos.
“No quiero abogados elitistas o xenófobos”, advierte el director general de ICAM Universidad –que luego se supone que será decano– Ricardo Alonso. Y concluye con una advertencia dirigida a las universidades privadas ya consolidadas: “harán bien en temblar”.
Usted ha sido decano y ha dirigido la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense durante casi diez años. ¿Qué aprendizajes de esa etapa piensa aplicar en la nueva universidad?
La verdad es que todo. Casi una década al frente de la facultad de Derecho más grande de España y una de las mayores de Europa te da una experiencia que no se consigue en ningún otro sitio.
Allí aprendí a gestionar una comunidad enorme, con miles de profesores, estudiantes y personal de administración, y eso me obligó a desarrollar una visión muy amplia de lo que significa dirigir una institución académica.
Ahora paso a otra comunidad también inmensa: el Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con unos 75.000 colegiados, una cifra muy similar a los 80.000 estudiantes de la Complutense.
Yo no he sido rector, sino decano, pero aun así dirigí una facultad con más de 8.000 miembros. Todo ese bagaje, toda esa experiencia de gestión de recursos humanos y materiales, es lo que pienso trasladar a este nuevo proyecto.
¿Le quedó alguna reforma pendiente en la Complutense?
No, pude llevar a cabo lo que me propuse. Mi prioridad no fue cambiar las normas, sino mejorar lo esencial: primero, la infraestructura. Cuando llegué, heredé un edificio prácticamente en ruinas, y estaba convencido de que nadie puede trabajar bien si no se siente cómodo en su lugar de estudio o de trabajo.
Parece algo muy básico, pero es crucial. Renovamos los edificios y después abordamos otro problema: un plan de estudios muy anticuado. Logramos actualizarlo y con esas dos grandes transformaciones me fui satisfecho.
No hace falta hacer mil reformas: con esas y algunas más pequeñas se logró un gran cambio.
ICAM Universidad nace con la idea de situar a Madrid en el mapa internacional de la formación jurídica. ¿Cuál será su sello diferenciador frente a universidades ya consolidadas en Europa o América?
En realidad, Madrid ya está en ese mapa. La Complutense, por ejemplo, ha sido durante décadas una referencia para América, casi lo que significa Harvard en Estados Unidos.
Lo que queremos con el ICAM no es competir con lo público, sino ocupar el espacio de la enseñanza privada. Nuestro objetivo es que, más pronto que tarde, la Universidad del ICAM sea la número uno en el ámbito privado, y eso reforzará a Madrid como un polo puntero de formación jurídica en el sector privado, complementando lo que ya hace la universidad pública.
La Complutense será el paraguas académico. ¿Cómo se organizará esa relación?
Eso ya está regulado. Como centro adscrito, seguimos el programa oficial de la Facultad de Derecho de la Complutense. Y en eso me siento muy cómodo porque, siendo yo decano, se aprobó el plan de estudios 2020, que es justo el que ahora se aplica.
Es decir, vamos a trabajar con un programa que yo mismo impulsé. La Complutense nos marca las directrices académicas y, a partir de ahí, nosotros aportamos seriedad, rigor y trabajo. El control final lo tiene la facultad, y me parece positivo porque garantiza calidad.
El ICAM tiene una fuerte tradición corporativa, mientras que la universidad exige una lógica académica. ¿Cómo equilibrar esas dos dimensiones?
No hay tanta distancia como parece. El ICAM tiene detrás un recorrido académico sólido: desde los años 80 cuenta con un centro de estudios y un centro de formación que han tenido mucho prestigio.
No es una universidad privada que nace de la nada, sino una institución con décadas de experiencia formando abogados y trabajando codo con codo con universidades. Así que no empezamos de cero, sino que damos un paso natural en un camino que ya existía.
«Creo en rodearme de gente seria y competente. Ya estoy recibiendo muchas solicitudes de personas interesadas en formar parte del proyecto, lo cual es buena señal: significa que genera ilusión. Pero soy consciente de que habrá presiones».
En un contexto saturado de másteres de Derecho, ¿cómo evitar que los títulos pierdan valor?
El ICAM ya imparte, junto con la Complutense, el máster de Acceso a la Abogacía, que es obligatorio para ejercer y que funciona bien. A mí se me ha fichado, sobre todo, para crear el grado en Derecho.
Y creo que ahí vamos a destacar. No partimos de cero: tenemos detrás al Colegio de Abogados, que desde los años 80 dirige un centro de formación de referencia.
Ese “poso” es lo que nos da confianza para situarnos pronto en un lugar destacado, con títulos que de verdad tengan valor en el mercado.
La universidad española es criticada por endogamia y rigidez. ¿Qué hará para garantizar apertura y diversidad en el claustro?
Esa es la pregunta clave y creo que uno de los motivos principales por los que me ficharon. Llevo 40 años en este mundo y nunca he creído en la endogamia, es decir, en cerrarse sobre los mismos nombres y círculos.
Creo en rodearme de gente seria y competente. Ya estoy recibiendo muchas solicitudes de personas interesadas en formar parte del proyecto, lo cual es buena señal: significa que genera ilusión. Pero soy consciente de que habrá presiones.
Por eso pienso crear una comisión independiente que proteja la decisión y asegure que el profesorado que incorporemos sea el más competitivo posible. La universidad se juega mucho en la calidad de sus primeros docentes.
Ha sido pionero en el análisis del diálogo jurídico entre Luxemburgo y los tribunales nacionales. ¿Qué lugar tendrá el Derecho europeo en la nueva universidad?
Central. Le pongo un ejemplo: ahora mismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudia si los abogados de empresa deben estar cubiertos por el secreto profesional.
Es decir, si deben tener el mismo deber de confidencialidad que el resto. Ese asunto toca directamente a la práctica de la abogacía. Además, gran parte de lo que dice la Unión Europea se construye a partir de los derechos nacionales.
En ese terreno, España ha sido pionera: en la reforma del Estatuto de la Abogacía de 2021 se reconoció expresamente la independencia de los abogados de empresa. Eso demuestra que tenemos mucho que aportar en ese diálogo con Europa.
El ICAM tiene una fuerte proyección en Iberoamérica. ¿Cómo aprovechar esos lazos?
Para mí es un terreno muy cercano. Llevo más de 40 años trabajando con universidades y foros iberoamericanos. Tengo 16 doctorados honoris causa en universidades de países como Argentina, Perú o México, además de medallas de instituciones como Mercosur o el Parlamento Andino.
Pero más allá de los títulos, lo importante es el vínculo personal: me siento muy cómodo en América Latina, casi como en casa. Siempre he defendido que España ha gestionado mal su relación con Iberoamérica desde los años de Felipe González hasta hoy.
Para mí es un tema de Estado: España sin Iberoamérica pierde gran parte de su proyección internacional. Esta universidad puede y debe contribuir a fortalecer esos puentes, pero siempre desde la humildad, no desde la soberbia.
¿Cómo integrarán la inteligencia artificial en la formación jurídica?
Lo esencial es enseñar a los alumnos a manejarla con criterio. Igual que mi generación aprendió a usar Google: al principio parecía una fuente inagotable de información, pero también había que aprender a filtrar y a poner límites.
Con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Yo mismo probé ChatGPT hace unos meses con preguntas de investigación y me di cuenta de que me daba referencias jurídicas falsas. Le señalé el error y “me pidió disculpas”.
Eso me hizo ver que hay que usar estas herramientas con distancia crítica. Los futuros abogados deben saber cuándo una respuesta es fiable y cuándo no lo es. Ese será el gran reto: enseñar a poner freno al exceso de información.
¿Cómo combinarán la excelencia con la accesibilidad económica para estudiantes de distintos orígenes?
Esa es una preocupación legítima. El coste será mayor que en la universidad pública, pero no se trata de crear un gueto elitista. Confío en que contaremos con un paquete importante de becas, financiadas en parte con ayudas y subvenciones, para garantizar diversidad.
La universidad debe formar personas tolerantes y democráticas, y eso pasa también por que convivan estudiantes de diferentes contextos económicos.
¿Cómo imagina a los primeros graduados de esta universidad en diez años?
No pienso tanto en diez años, sino en cinco. Me gustaría ver a jóvenes bien preparados, pero también tolerantes y demócratas. No quiero que formemos abogados muy brillantes técnicamente pero elitistas o xenófobos.
Mi idea es trasladar al ICAM el modelo de la universidad pública en la que me formé y que he dirigido: excelencia académica, compromiso social y diversidad.
La pública no siempre puede acoger a todos los estudiantes, y ahí entramos nosotros: como centro adscrito a la Complutense, ofreciendo una alternativa más cara, sí, pero con la misma seriedad académica.
«Mi idea es trasladar al ICAM el modelo de la universidad pública en la que me formé y que he dirigido: excelencia académica, compromiso social y diversidad».+
¿Por qué aceptó esta oferta?
Porque creo en el proyecto. Creo que la universidad pública está desbordada, y el ICAM ofrece la alternativa más seria y solvente frente a lo que existe en el sector privado puro. No es lo mismo una universidad creada desde cero por intereses empresariales que una impulsada por un colegio profesional con tanta historia.
¿Es consciente de que muchas universidades privadas podrían «temblar» con este proyecto?
Y hacen bien. Yo también temblaría si estuviera en su lugar. Pero deben verlo como parte natural de la competencia. Y la competencia, si se lleva con inteligencia, siempre mejora el sistema.
Estoy convencido de que esta universidad puede marcar el camino y convertirse en pionera, no solo en Madrid, sino en toda España.
¿Le sorprendió cuando el decano del ICAM, Eugenio Ribón, le hizo esta oferta?
Sí, completamente. Yo estaba tranquilo, dirigiendo la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, un proyecto que conocía bien porque había participado en su desarrollo.
De repente llegó esta propuesta, que no me esperaba en absoluto. Negociamos y llegamos a un buen acuerdo.
Acepté porque confío en el decano: creo que es un buen abogado, un buen empresario y una persona de fiar. Eso fue decisivo para mí.
¿Qué opinó su mujer cuando se lo contó?
Al principio no le hizo mucha gracia. Me recordó los diez años tan intensos que pasé como decano y se preocupó por lo que supondría volver a un cargo de tanta responsabilidad.
Pero luego comprendió que este proyecto es un servicio necesario y que, si no lo hacía yo, lo haría otro. Llegamos a la conclusión de que, por mi trayectoria en la Complutense y mi compromiso con lo público, tenía sentido que asumiera yo esta tarea.
¿Existen precedentes internacionales de algo parecido?
Que yo sepa, no. En América, eso sí, es más habitual que los abogados estén muy integrados en la academia, y allí ven este proyecto con gran entusiasmo. Piensan que puede marcar un hito, no solo en España, sino también como modelo a seguir en otros países.
Puede que ni usted ni yo lo veamos, pero quizá dentro de unos años este paso inspire a otras profesiones a crear universidades ligadas a sus colegios profesionales.
El ICAM cuenta con 77.000 colegiados, incluidos grandes despachos. ¿Cómo lo aprovecharán?
Es una oportunidad única. Tenemos la práctica asegurada, pero cuidado: no basta con práctica sin teoría. Uno de los errores de los últimos años ha sido pensar que solo hacen falta más prácticas.
No. Para ejercer bien primero hay que tener una base teórica sólida. Mi reto será unir ambas cosas: aprovechar esa red de 77.000 abogados para la parte práctica, y garantizar al mismo tiempo una formación intelectual fuerte.
