El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio oral al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz. Una decisión que el magistrado ha acompañado de una fianza de 150.000 euros, como medida cautelar, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado la suspensión cautelar de sus funciones al frente del Ministerio Fiscal.
El alto tribunal se ha pronunciado este martes, 9 de septiembre, entorno a las acusaciones que pesan sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Así, el Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el FGE, por «indiciariamente, haber revelado, en su condición de Fiscal General del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo, como presumible autor de un delito previsto y penado en el art. 417 CP pues, como se viene exponiendo, no concurre supuesto alguno por el que sea procedente algún tipo de sobreseimiento».
Una filtración que, según el instructor, «pone el cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal».
Escrito en el que Hurtado señala a la Sala de lo Penal como órgano competente para juzgar los hechos y concede un plazo de diez días al abogado del fiscal general del Estado para que presente su escrito de defensa, frente a las acusaciones ya formuladas.
Rechaza la suspensión de funciones de García Ortiz
Un auto, al que ha tenido acceso Confilegal, en el que el Tribunal Supremo fija una fianza de 150.000 euros para García Ortiz, de cara a asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran producir. Una fianza muy inferior a los 300.000 euros solicitados por la acusación particular como indemnización por perjuicios morales, más los incrementos por intereses morales y procesales.
Fianza que García Ortiz deberá aportar en un plazo establecido de cinco días en cualquiera de las formas admitidas en derecho. Ello, con el apercibimiento de que, si no cumple con el plazo exigido, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.
Por último, el magistrado rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz. Sin embargo, remite el auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Ello, para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.
“Hay un vacío legal sobre este particular», asegura Hurtado. «Y, si el problema es que en ella no ha de ser el propio Fiscal General del Estado el que resuelva sobre su propia suspensión, por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal”, subraya.
Las peticiones de las acusaciones contra el FGE
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares, solicita una pena de seis años y 12 de inhabilitación para el FGE. La mayor pena solicitada por las acusaciones personadas en la causa. Ello, considerando a García Ortiz responsable de un delito de revelación de secretos, y otro de prevaricación.
Por su parte, Manos Limpias solicita una condena de cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado por violación de secretos. Además, la asociación solicita la suspensión de cargo público durante tres años y una multa de 216.000 euros.
Subsidiariamente reclama tres años de prisión, cinco de inhabilitación o, por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, 144.000 euros de multa e inhabilitación durante tres años.
González Amador, el afectado por la filtración, y también personado en la causa, pide cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos. Además de esto, la acusación reclama cuatro años de inhabilitación especial para el cargo, tres de suspensión de empleo, y una multa de 108.000 euros.
Aunque la acusación popular que ejerce la Fundación Foro Libertad y Alternativa ,que acumula también a Hazte Oír y Vox, aprecia ambos delitos, no lo recoge en la modalidad continuada, por lo que reclama cuatro años de prisión e inhabilitación para el fiscal general por un delito de revelación de secreto en concurso con un delito de prevaricación.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ejerciendo de acusación popular, solicita la misma condena de cuatro años de prisión, tres años de suspensión como fiscal, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, pero deja la multa en 81.000 euros.
