Este 9 de septiembre, se aprobaba en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que busca endurecer las sanciones por incumplimiento de la contratación de personas con discapacidad. Una proposición planteada desde el Grupo Socialista, que ha contado con 313 votos a favor. Y que también buscará un mayor compromiso y concienciación ciudadana ante este todavía desafío laboral.
«Proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas«. Así reza la propuesta que el PSOE lograba aprobar este 9 de septiembre en el Congreso de los Diputados.
Una norma que recuerda, en su texto, que los mandatos constitucionales establecen la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad consigan «un empleo decente y significativo». Algo por lo que, en la actualidad, se aplica una cuota de reserva en el empleo ordinario. En concreto, fijando una cuota del «2%, afectando a las empresas que empleen, al menos, a 50 personas trabajadoras».
Cuota que, de no cumplirse por parte de las empresas, supone una infracción «grave» en materia de empleo. Algo que, para el grupo socialista, tal y como expone en la proposición de ley aprobada, es «insuficiente».
«Es necesario desplegar políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», expone el texto presentado, firmado por el socialista Patxi López.
Así pues, la proposición de ley ahora aprobada en el Congreso de los Diputados establece un endurecimiento de las sanciones por el incumplimiento de este 2% de cuota de personas con discapacidad contratados. Ello, modificando la calificación de estas sanciones, pasando de ser «graves» a «muy graves».
Más sanciones, y más concienciación hacia las personas con discapacidad
«El cambio consiste esencialmente en endurecer la sanción por incumplir la cuota de reserva de personas con discapacidad en las empresas obligadas a ello. De ser infracción grave (como es actualmente) se pasaría a infracción muy grave», explica a Confilegal Estela Martín Estebaranz, abogada y DirCom de Sincro.
«En concreto, se introduciría una nueva letra “h” en el Artículo 16 de la LISOS: Infracciones muy graves» valora la abogada para este medio. Una recategorización que supondría sanciones económicas de mayor calado para las empresas que incumplan con este 2% de contratación de personas con discapacidad.
Así pues, mientras que «las infracciones graves son sancionadas con multa desde 751 a 7.500 euros», las sanciones muy graves «pueden ser sancionadas con multa desde 7.501 euros a 225.018 euros».
Una proposición de ley que también estipula que las empresas sancionadas queden excluidas «del acceso a subvenciones» . «No es coherente que personas físicas o jurídicas que han sido sancionadas por tan grave conducta obtengan beneficios o subvenciones públicas», expone la norma.
Texto aprobado en la Cámara Baja que, igualmente, propone un esfuerzo por parte de las administraciones públicas para el cumplimiento de este porcentaje.
«En la proposición de ley se introducen dos nuevas disposiciones adicionales que regulan las campañas de difusión y toma de conciencia sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad. También las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social«, expone Martín Estebaranz.
Esfuerzos que buscan «combatir el desempleo y la discriminación de las personas con discapacidad». Ello, a través del compromiso y el cumplimiento normativo real por parte de las empresas de más de 50 trabajadores.
