María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, ha presentado sus conclusiones provisionales en la Causa Especial 20557/2024, abierta contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, su jefe, argumentando que no ve delito alguno en lo sucedido.
Sánchez Conde afirma que los hechos “no son constitutivos de delito alguno” y solicita la absolución libre del señalado, posicionando a la Fiscalía del Supremo en defensa de García Ortiz y negando cualquier injerencia del fiscal general del Estado en la gestión de la información.
La número 2 de la Fiscalía plantea en su escrito la comparecencia en el juicio oral de testigos clave: desde el propio Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, hasta periodistas de El Mundo, El País, elDiario.es, La Sexta o Cadena SER, además de fiscales y responsables de comunicación institucional.
La investigación comenzó, relata, tras la denuncia de la Agencia Tributaria contra la empresa Maxwell Cremona SL y su administrador, González Amador, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La causa adquirió especial notoriedad pública cuando, el 13 de marzo de 2024, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y que luego lo retiró por órdenes “de arriba”.
Diversos medios recogieron esa versión, y algunos incluso publicaron supuestos correos electrónicos entre el fiscal del caso y la defensa.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que nunca existió tal ofrecimiento por parte de la Fiscalía, que no se produjo ninguna retirada de acuerdo y que la nota oficial difundida el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid se limitó a desmentir informaciones falsas que dañaban la imagen del Ministerio Público.
El escrito también pide la práctica de prueba documental y la lectura íntegra de la documentación obrante en la causa.
