El Ministerio Público se ha pronunciado a favor de que el Supremo pida al Parlamento Europeo suspender los privilegios del eurodiputado para investigar los 100.000 euros que habría recibido de forma opaca durante la campaña electoral.
De esta forma, la Fiscalía secunda la petición de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que instó al magistrado instructor de la causa en el Supremo, Julián Sánchez Melgar, para que elevara el suplicatorio al Europarlamento para para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por la presunta financiación irregular de Se Acabó La Fiesta (SALF).
El objetivo de ambas peticiones, la de la Asociación y la de la Fiscalía es el mismo: investigar sin trabas la presunta financiación ilegal del partido de Pérez durante la campaña de las europeas del pasado junio.
En su escrito, la Fiscalía argumenta que levantar la inmunidad «no supone merma alguna de la protección dispensada al eurodiputado en el desempeño de su función parlamentaria».
Más contundente aún: considera que las diligencias practicadas «han confirmado sobradamente las iniciales sospechas», elevándolas a «inicios racionales de criminalidad».
El núcleo de la investigación gira en torno a 100.000 euros en efectivo que el empresario Álvaro Romillo —conocido como ‘CryptoSpain’— habría entregado a Alvise Pérez para financiar su campaña electoral.
Según el relato fiscal, Romillo no solo proporcionó el dinero, sino que también creó tres carteras digitales o ‘wallets’ para recibir donaciones anónimas «al margen de todo control financiero».
Del caso MIC al Supremo
La investigación nació de forma tangencial. Fue el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción 4, quien remitió el asunto al Supremo después de que Romillo revelara estos hechos durante su investigación por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional.
Con la causa ya abierta, el Supremo citó a declarar tanto a Alvise como a Romillo. El primero negó haber usado los 100.000 euros para gastos de campaña, mientras que el empresario ratificó que se los entregó precisamente con ese fin. Un reciente informe policial respalda la versión de Romillo y detecta un «evidente» ánimo del eurodiputado de buscar «fondos opacos».
El caso de financiación irregular no es el único que tiene abierto Alvise Pérez en el Supremo. El eurodiputado se enfrenta también a una investigación por difundir una PCR falsa del expresidente catalán Salvador Illa y otra por presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert, coordinadora de delitos de odio.
La última palabra sobre el suplicatorio corresponde ahora al Tribunal Supremo, que deberá valorar si existen indicios suficientes para solicitar formalmente al Parlamento Europeo la suspensión de los privilegios parlamentarios de uno de sus miembros más polémicos.
