El fiscal general del Estado ha presentado su escrito de defensa ante el Supremo: niega haber filtrado información sobre el novio de Ayuso y culpa a la Comunidad de Madrid de una operación de desinformación.
Álvaro García Ortiz ha puesto sus cartas sobre la mesa. En su escrito, articulado por la Abogacía del Estado, el fiscal general del Estado rechaza categóricamente haber filtrado el correo del abogado de Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso— y construye una defensa que apunta directamente a la Comunidad de Madrid como artífice de una «operación perfectamente orquestada».
La Abogacía del Estado es tajante: García Ortiz no cometió revelación de secretos porque «el núcleo esencial» de la información ya había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid».
Además, subraya un dato clave: unas 600 personas tuvieron acceso al contenido de la supuesta filtración, lo que desmontaría la idea de información confidencial.
El argumento es técnico pero claro: para que exista revelación de secretos, la información debe ser, efectivamente, secreta. Si centenares de funcionarios podían acceder a ella, difícilmente puede considerarse reservada.
La cronología que desmonta la acusación
El magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, está convencido de que García Ortiz filtró a la Cadena SER, la noche del 13 de marzo de 2024, el correo que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero ofreciendo un pacto para reconocer los delitos fiscales.
Pero la defensa presenta una cronología alternativa que, asegura, rompe esa «conexión lógica». El punto de partida no sería la actuación del fiscal general, sino la información publicada por eldiario.es el 12 de marzo —que sus periodistas tenían desde el día 6— sobre la investigación a González Amador.
La defensa sitúa el foco en el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Según el escrito, desde las 19:00 del 13 de marzo, Rodríguez puso en marcha una estrategia de comunicación enviando por WhatsApp a «un número no determinado de periodistas» informaciones que «no se correspondían en absoluto con la realidad».
Las acusaciones son concretas: Rodríguez habría hecho circular que la propuesta de conformidad partió de la Fiscalía y que al fiscal se le prohibió alcanzar un acuerdo. Además, habría puesto en contacto a González Amador con un periodista de El Mundo, lo que derivó en la publicación de información «tergiversada».
El punto culminante llegó a las 22:41, cuando Rodríguez publicó en X (antes Twitter) que la Fiscalía había retirado «por órdenes de arriba» la oferta de acuerdo.
Más allá de los argumentos jurídicos, el escrito de la Abogacía del Estado contiene un mensaje político claro: la verdadera responsable de la revelación de información fue la Comunidad de Madrid, que orquestó una campaña para presentar a González Amador como «víctima de una operación política» del Gobierno.
El Mundo revela primero, la SER responde después
Aquí radica uno de los argumentos más sólidos de la Abogacía del Estado: fue El Mundo quien, a las 21:29 del 13 de marzo, reveló los «tres datos esenciales»: que González Amador reconoció los hechos ante Hacienda, la existencia de una propuesta de conformidad y su contenido.
La información de la SER llegó casi dos horas después, a las 23:23. Para la defensa de García Ortiz, esto demuestra que el fiscal general del Estado no filtró información inédita, sino que reaccionó a una información ya publicada que, además, contenía inexactitudes perjudiciales para la institución fiscal.
La Abogacía del Estado describe el estado de ánimo en la Fiscalía tras la publicación de El Mundo: primero «desconcierto» por lo que se estaba publicando, después «preocupación» por la confusión generada y, sobre todo, por «la imputación pública de graves irregularidades».
Un detalle relevante: García Ortiz «desconocía la existencia de correos electrónicos» entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador hasta que se publicó la información. No fue hasta las 23:44 cuando recibió la cadena completa de emails.
El móvil borrado: seguridad, no encubrimiento
Sobre el borrado del móvil y la cuenta de Gmail —que el instructor considera un indicio de culpabilidad—, la defensa ofrece una explicación mundana: García Ortiz borraba regularmente su teléfono por razones de seguridad.
El cambio de móvil y el cierre de la cuenta personal se debieron a que se hicieron públicos sus datos y empezó a recibir mensajes «hostiles».
Más allá de los argumentos jurídicos, el escrito de la Abogacía del Estado contiene un mensaje político claro: la verdadera responsable de la revelación de información fue la Comunidad de Madrid, que orquestó una campaña para presentar a González Amador como «víctima de una operación política» del Gobierno.
García Ortiz, según esta versión, no filtró información sino que ejerció «legítimamente sus competencias» para «evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía» ante una campaña de desinformación.
El juicio dirá si esta estrategia defensiva logra convencer al Tribunal Supremo o si, por el contrario, el fiscal general se convierte en el primer titular del Ministerio Público procesado penalmente en democracia.
