Con alguna frecuencia, advertimos la utilización de emblemas oficiales nacionales o regionales con una finalidad alejada de lo que les es propio, que es representar el patrimonio colectivo de España o de las distintas Comunidades Autónomas, así como su identidad territorial.
No hablo de conductas subsumibles en el tipo penal de ultrajes a la nación, sino de la simple apropiación de los símbolos del país o la región con determinado objetivo político partidario, lejos del interés general que debiera guiar en esta materia.
Estos distintivos, como es natural, los preserva el ordenamiento por su alta significación política y social, de ahí que tanto la Constitución como los Estatutos contemplen su empleo solo en inmuebles públicos o en actos solemnes.
La razón de ser de dicha protección, por consiguiente, descansa en la idea de combatir su sustracción ideológica por unos u otros, asegurando que banderas, escudos u otros símbolos continúen encarnando la idea nacional o regional en cada caso.
En una palabra: estos signos externos han de reunir a la ciudadanía en su conjunto o en su mayor parte, sin que quepan ser arrebatados por grupos o sectores concretos, por bienintencionados que sean.
Como muestra, la ley que regula el uso de la bandera española desde la época de Calvo-Sotelo, así como el de otras enseñas regionales, prohíbe su uso por partidos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.
En la legislación autonómica posterior, y aún vigente, se reproduce este mandato, extendiéndolo incluso a los particulares.
«Los distintivos de España y las Comunidades Autónomas, ese patrimonio común que nos enorgullece y emociona, ni son ni pueden ser adueñados por nadie, porque existen formas muy diversas de sentirse español o de tal o cual región, que no permite ser apropiado con parcialidad por esa colección de totalitarios obsesionados en que solo se puede ser español o del sitio que sea en la forma que a ellos les da la gana».
También sucede esto en el ámbito mercantil, ya que la actual ley de marcas igualmente proscribe el registro del escudo, banderas y emblemas estatales, o de cualquier otra Administración pública, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial lo hace para las banderas de los Estados que lo hayan ratificado, entre ellos España, lo mismo que se establece para los miembros de la Organización Mundial del Comercio mediante el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
Estos emblemas son “de interés público”, a decir de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de julio de 2013, por su vinculación a las actividades entidades nacionales o internacionales, de ahí que resulten protegibles en razón precisamente de ese interés colectivo.
Estas consideraciones me vienen a la mente al observar el abuso de esta simbología oficial con inequívoco propósito partidista, en España y también en otros países, cuando lo que representa a una comunidad entera debiera, a mi modo de ver, de merecer una mayor consideración y respeto.
Comprendo que en ocasiones esto sucede como reacción a lamentables dinámicas políticas que para algunos comprometen los esquemas básicos de la estructura nacional o regional, pero, aun así, hurtar a una sociedad sus símbolos identitarios, pretendiendo hacer uso de ellos con intención excluyente de unos ciudadanos frente a los demás, me sigue pareciendo que supone un riesgo superior en términos de cohesión política.
Tal vez por esta razón habría de avanzarse hacia una mayor concienciación o autorregulación en quienes insisten en esas prácticas, o en su defecto blindar con mayor esmero el régimen jurídico de los emblemas oficiales, que están concebidos para unirnos, y nunca para separarnos, ya sea a escala estatal o regional.
La política, y su legítimo juego, debiera a mi juicio de comenzar a partir de esta simbología, respetándola en su uso.
Abrazarse a esas banderas que son de todos, además de vulnerar ese espíritu de convivencia que tanto cuesta levantar, acostumbra también a descubrir lagunas en el bagaje ideológico en sus promotores, como no tarda en detectarse en el escenario internacional.
En resumen: los distintivos de España y las Comunidades Autónomas, ese patrimonio común que nos enorgullece y emociona, ni son ni pueden ser adueñados por nadie, porque existen formas muy diversas de sentirse español o de tal o cual región, que no permite ser apropiado con parcialidad por esa colección de totalitarios obsesionados en que solo se puede ser español o del sitio que sea en la forma que a ellos les da la gana.
No: ser español o asturiano, pongo por caso, nada tiene que ver con la política. Y vibrar con sus símbolos, menos. A ver si nos vamos enterando.
