La esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a un escenario judicial inédito. Este sábado a las 18:00 horas, Begoña Gómez comparecerá ante el magistrado Juan Carlos Peinado para que este le haga una comunicación formal de alto voltaje: si finalmente es juzgada por presunta malversación, lo será por un jurado popular, no por magistrados profesionales.
Será la quinta vez que Gómez acude ante el instructor del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Las anteriores fueron como investigada: guardó silencio en las dos primeras ocasiones y en las dos siguientes solo respondió a su abogado, Antonio Camacho, exministro socialista.
El protocolo de seguridad se mantiene intacto: acceso en coche oficial por el garaje judicial, evitando la entrada principal. Una medida autorizada por la juez decana de Madrid que se ha convertido ya en rutina.
Junto a ella comparecerán su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien jugó, al parecer, un papel central en la contratación de Álvarez cuando trababjaba en La Moncloa.
Los tres están en el punto de mira de la pieza separada que investiga un posible desvío de dinero público en la contratación de la asesora.
El artículo 25 entra en juego
La cita de este sábado tiene un fundamento jurídico preciso: el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Esta norma obliga al juez a convocar una comparecencia cuando decide transformar unas diligencias de investigación para que sean juzgadas por jurado popular.
El procedimiento está tasado. Primero hablan la Fiscalía y las acusaciones particulares —en este caso, la dirigida por Hazte Oír— para «concretar la imputación». Después, las defensas pueden solicitar el archivo o pedir nuevas diligencias.
La malversación, por ley, debe ser juzgada por jurado. Peinado no se ha andado con medias tintas. En su resolución asegura que «con las leyes de la lógica y de la empírica» puede concluir que existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos».
El instructor reconoce un cambio de criterio. Inicialmente desestimó la querella de Vox por malversación contra Gómez y Álvarez, pero ahora admite que «la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva».
¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Tres elementos clave:
Primero, las declaraciones del 10 de septiembre. Interpreta «en sentido incriminatorio» que Gómez solo respondiera a su abogado y que Álvarez guardara silencio. Sobre las respuestas de la esposa del presidente, Peinado es taxativo: «no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio».
Segundo, los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM. Están en sede judicial desde el 16 de septiembre, pendientes de análisis por la UCO de la Guardia Civil.
Tercero, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid del 12 de junio. Los magistrados señalaron que la «amistad personal previa» entre Gómez y Álvarez, que dio lugar al nombramiento, y las «actividades privadas» que la asesora realizó para la esposa del presidente «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados».
Un correo revelador
En el expediente consta un email de febrero de 2024 que Álvarez envió a la directora de Comunicación de Reale. La posdata es elocuente: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis».
Moncloa debe aportar aún los correos corporativos de Gómez desde julio de 2018 —fecha del nombramiento de Álvarez— para que los examine la UCO.
La Audiencia Provincial tiene sobre la mesa una decena de recursos relativos a esta causa, incluidos los de Gómez, Álvarez y la Fiscalía contra la imputación por malversación. Seis ya están en trámite y algunos comenzarán a deliberarse los días 29 de septiembre y 6 de octubre.
La investigación sobre Gómez comenzó en abril de 2024 con una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias. Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas líneas: el registro del software de una cátedra de la UCM que codirigía y la contratación de Álvarez.
El resultado: además de la presunta malversación, Gómez está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca. Un laberinto judicial que este sábado alcanza un nuevo hito.
