La estrategia judicial se ha definido con claridad meridiana. Fiscalía y defensa de Begoña Gómez solicitaron al magistrado Juan Carlos Peinado el archivo de la investigación por presunto desvío de fondos públicos en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa.
El Ministerio Fiscal y las defensas consideran que los hechos no revisten tipo delictivo y menos malversación ya que ninguna de esas tres personas es funcionario
En el otro extremo del tablero, las acusaciones populares dirigidas por Hazte Oír exigieron la citación como testigos del presidente Pedro Sánchez y del ministro Félix Bolaños.
La confrontación se materializó durante la comparecencia celebrada ayer por la tarde durante hora y media, prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Una vista técnica donde el magistrado Peinado informó a los investigados de la transformación del procedimiento: si hay juicio por malversación, será un jurado popular —ciudadanos— quien decida, no un tribunal de jueces profesionales.
Ausencias calculadas
Los tres investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre— optaron por no comparecer. Solo acudieron sus abogados, respaldándose en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 que establece que la presencia física de los investigados «no es indispensable» en estas comparecencias.
La circular es taxativa: en este tipo de vistas solo se concretan los términos de la imputación y basta con la presencia de la defensa, ya que «no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado».
El abogado de Gómez fue contundente ante la prensa: su cliente no tenía «obligación» de acudir y no existía «ninguna obligación» de comunicarlo previamente al juez. Una interpretación jurídica que evitó el despliegue mediático de las anteriores cuatro comparecencias de la esposa del presidente.
El fondo de la investigación
La pieza separada que ahora entra en fase decisoria investiga dos cuestiones específicas: si hubo desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si esta desempeñó funciones privadas para Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Seis meses después de su apertura, el procedimiento llega a un punto de inflexión. Mientras Fiscalía y defensas consideran que «los hechos no son constitutivos de delito», las acusaciones populares mantienen su estrategia de presión solicitando nuevas declaraciones de los máximos responsables del Ejecutivo.
La decisión del juez Peinado sobre estas peticiones contrapuestas marcará el siguiente capítulo de una investigación que ha mantenido en vilo al Gobierno durante medio año.
Fuentes jurídicas detallaron que, en descargo de sus representadas, las defensas de Gómez y Álvarez negaron que hubiera malversación poniendo como ejemplo el caso de que un funcionario pidiera a otro que comprara un paquete de tabaco, para razonar seguidamente que eso no sería delito y extrapolarlo a la pieza separada.
Además, la defensa de Álvarez puso de manifiesto que la Audiencia Provincial de Madrid ya avisó a Peinado en una resolución de que la asistente de Gómez no cumplía los requisitos penales para ser investigada por malversación.
Las acusaciones populares ven delito claro
Por su parte, el abogado del Estado, en defensa de Martín Aguirre, volvió a insistir en que, aunque cuando se contrató a Álvarez era el ‘número dos’ de la Secretaría General de la Presidencia, no era el responsable directo de la asistente, apuntando al jefe de gabinete de Presidencia. Aunque su nombre no ha salido en la sala, en esa fecha lo era Iván Redondo.
Por contra, las acusaciones populares no solo sostuvieron que hay indicios suficientes para investigar una presunta malversación, sino que pidieron una batería de diligencias que incluyen las testificales de Sánchez y Bolaños, que ya comparecieron como testigos, así como un careo entre Alfredo González, exvicesecretario general de Presidencia, y la propia Álvarez.
Las acusaciones populares, en declaraciones a la prensa antes de que comenzara la vista, subrayaron la importancia de esperar a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos entre Álvarez y el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio reclamados por Peinado.
Las mismas fuentes jurídicas avanzaron que se trata de más de 200 ‘emails’ pero que solo 121 aluden a cuestiones de agenda y asuntos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez, al tiempo que aseguran que no revelarían malversación alguna.
La vista, que finalmente se celebró sin la presencia de los tres investigados, tuvo lugar seis meses después de que el juez acordara abrir esta pieza separada, que está recurrida, junto a la imputación por malversación de Gómez, Álvarez y Martín Aguirre en la Audiencia de Madrid, que deliberará sobre estos recursos el 29 de septiembre y el 6 de octubre.
UN JURADO POPULAR, «RECONFORTANTE»
Antes de que comenzara la vista, y en declaraciones a la prensa, Luis Pardo, el abogado de Iustitia Europa –una de las acusaciones populares– quiso destacar el papel de las mismas por cuanto aseguró que, si no estuvieran presentes en este trámite para concretar la imputación y reclamar diligencias, podría acordarse un archivo. Además, calificó de «reconfortante» que, si hay juicio por malversación, lo hará un tribunal del jurado.
«El pueblo será quien acuse y juzgue la malversación, pese a las prisas de la ley Bolaños», resaltó, por su parte, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, también en declaraciones a la prensa.
Al hilo, sostuvo que la aplicación de la ley del jurado al delito de malversación «no es un capricho ni del juez Peinado ni de las acusaciones populares» sino «una estricta aplicación de la legalidad».
El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, aseguró a los medios que lo que están intentando es «acabar con la corrupción (…) y convencer a Pedro Sánchez de que convoque elecciones y abandone el Palacio de la Moncloa». «Creemos que (..) vamos a conseguirlo y esperamos que sea cuanto antes», dijo.
La cita de este sábado en los juzgados madrileños estuvo ambientada por decenas de personas que, pertrechadas con banderas españolas, coreaban distintos lemas contra el presidente del Gobierno, tales como «Pedro Sánchez a prisión» o «es un delincuente, no un presidente».
Además, un hombre que desaconsejaba votar a Sánchez, se subió a un poste, del que tuvo que bajar por indicación de la Policía. Algunos espontáneos también increparon a la prensa.
Se da la circunstancia de que el 27 de septiembre fue el cumpleaños del juez, que este sábado cumplió 71 años. Así, en algunos momentos, los manifestantes –que se fueron sobre las 19.00 horas– cantaron el ‘Cumpleaños Feliz’.
